Educar, un esfuerzo concertado
Koïchiro Matsuura
Los nueve países más poblados del mundo —Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, México, Nigeria y Pakistán— reúnen por sí solos la mitad de la población mundial y tienen también 40 por ciento de los niños no escolarizados y más de dos tercios de los adultos analfabetos del mundo. No parece necesario explicar que cualquier avance educativo en estos países tiene un efecto inmediato en el panorama educativo mundial.
Respaldados por los 191 Estados Miembros de la UNESCO, los ministros de Educación de este grupo de Estados, el E-9, se reúnen en Monterrey, México, a partir del 13 de febrero para examinar los avances logrados en pos de los objetivos que toda la comunidad internacional se fijó en el Foro Mundial de la Educación celebrado en Dakar en el 2000. Los sucesivos Informes de Seguimiento de la Educación para Todos, elaborados anualmente por la UNESCO muestran algunos progresos, como el descenso de la tasa global de analfabetismo o una mayor paridad entre los sexos en las aulas; pero la pretensión de la reunión de Monterrey es explorar modos innovadores de colaboración entre países del Sur y ver qué experiencias concretas de unos podrían aplicarse a otros.
En lo que respecta a América Latina y el Caribe, la insuficiente calidad educativa, el excesivo número de alumnos por aula y una formación un tanto inadaptada del profesorado tiene como consecuencia índices demasiado elevados de deserción y repetición.
La brecha es aún mayor en las zonas rurales más pobres —donde no faltan pequeños que se ven obligados a abandonar la escuela para ayudar en el sustento familiar— así como entre las poblaciones indígenas, algunas de las cuales simplemente carecen de oportunidades educativas. Aunque los países de la región registran tasas de cobertura superiores a 90 por ciento en la enseñanza primaria, las tasas de matriculación y permanencia siguen siendo muy bajas en la educación secundaria y posterior.
Ya en 1979, los ministros de Educación de América Latina y el Caribe adoptaron la Declaración de México, en la que se propusieron “adoptar una política decidida para eliminar el analfabetismo antes de fin de siglo”. Además de ser un derecho humano fundamental, la alfabetización es esencial para mitigar la pobreza. Pero, por doloroso que sea reconocerlo, un lustro después de entrado el siglo XXI, cuarenta millones de adultos de la región carecen todavía de los instrumentos de aprendizaje básicos necesarios para adoptar decisiones con pleno conocimiento de causa y participar de lleno en la vida de sus sociedades.
Hace unos meses, en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, fueron los Jefes de Estado quienes se fijaron el objetivo de “declarar la región iberoamericana 'territorio libre de analfabetismo' entre 2008 y 2015”. Apoyada en la misión que le ha confiado la comunidad internacional, la UNESCO está dispuesta a desempeñar el papel motor que le corresponde para contribuir a que este compromiso se haga realidad.
Los estudios y los hechos prueban la eficacia de la educación como arma contra la pobreza. La alfabetización reporta numerosos beneficios al desarrollo humano, mejora la reflexión crítica, la salud, la planificación familiar, la prevención del sida... Y una sociedad alfabetizada favorece la participación de los adultos en la educación de sus hijos.
En esta región como en otras del mundo, las campañas para erradicar la alfabetización tienen resultados alentadores, pero por sí solas no bastan: los esfuerzos desplegados para realizarlas deben estar vinculados a políticas sociales más amplias. Elevar el nivel educativo de un país exige, pues, un esfuerzo concertado. En primera instancia, una inversión duradera por parte de los países interesados, cuyos poderes públicos deben destinar como mínimo seis por ciento de su Producto Nacional Bruto en la educación, algo que muchos están todavía lejos de cumplir. En segundo lugar, junto a los esfuerzos que realice cada país para incrementar el gasto en educación, se necesitará ayuda externa y garantías para que ésta se emplee con la mayor eficacia posible y se destine a los países que más la necesitan. Pero aunque la inversión exterior pueda incrementar el nivel de recursos disponibles, en ningún caso compensará la inexistencia de un proyecto coherente de sociedad encaminado a la mejora de la educación.
En vísperas de la cita crucial de Monterrey, recalquémoslo de nuevo: sólo la triple conjunción que resulta de sumar un incremento del gasto público nacional, el aumento y eficacia de la ayuda exterior y el compromiso político contribuirá a que, ahora sí, cumplamos el noble compromiso de universalizar el acceso a una educación de calidad, un derecho de todos —niños, jóvenes y adultos— y una condición indispensable para un desarrollo más equitativo.
El autor es Director General de la Unesco.
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