Estancada. Así se encuentra la acusación por los delitos de falsificación y estafa que el Ministerio Público formuló en contra de un ciudadano isleño y un abogado rivense, proceso en el que de por medio está una inversión millonaria que pudiera superar el medio millón de dólares.
Un hotel ubicado en la comunidad de San Miguel, Altagracia, Isla de Ometepe, cuyo dominio es reclamado por el español Miguel Fernández Cuevas es la manzana de la discordia de este proceso.
El Ministerio Público formuló acusación en contra de Gustavo Condega y Rafael Castro Pravia (abogado) luego de que salió a luz pública una escritura en Dación de Pago (ante los oficios de Castro), donde supuestamente el ciudadano español compareció para entregar a Condega el inmueble mencionado.
Sin embargo, investigaciones de expertos de la Policía Nacional han determinado que la firma que aparece en dicha escritura no corresponde con la verdadera rúbrica del señor Fernández, de lo que se desprende fue falsificada.
Por sexta ocasión, la audiencia inicial de este proceso no pudo llevarse a cabo, esta vez porque uno de los acusados argumentó que tenía que atender un problema de salud familiar.
Por ello la juez suplente del Juzgado de Distrito de Audiencias, Rebeca Pastrán, dictó un auto que señala: “Los acusados podrán ser conducidos por la fuerza pública y pagar los gastos que ocasione, salvo justa causa”, para llevar a cabo la audiencia el próximo 18 de julio.
Acepta, pero...
En la acusación formulada por el Ministerio Público y por la defensora particular, Telma Vanegas, se establece que el terreno donde se encuentra este hotel (aún no terminado) fue adquirido por Fernández el 11 de enero de 2003.
De acuerdo con la acusación, ese mismo mes el propietario pidió a Condega que coordinara todo el trabajo de la construcción del hotel, pero luego, por diversos motivos, el acuerdo verbal se rompió.
Para entonces Condega reclamó judicialmente 28 mil dólares que supuestamente invirtió en el proyecto y después apareció la famosa escritura (de dación de pago) que según los acusadores es falsa, aunque uno de los acusados insiste en decir que es verdadera.
Acta de acuerdo condicionado
Hay que destacar que el pasado 12 de mayo, el abogado Rafael Ignacio Castro efectuó un acta de acuerdo condicionado con el Ministerio Público, en donde admitió como ciertos los hechos acusados.
Entre otras cosas el acuerdo dejaba claro que Castro admitía los hechos a cambio de que el Ministerio Público limitara su participación y pena al delito de falsificación de documentos públicos.
También se estableció que “en caso de incumplimiento de inmediato se procederá a solicitar la sanción penal correspondiente por los dos delitos acusados”.
Hay que destacar que a la fecha se desconoce si Castro mantendrá lo firmado ante el judicial correspondiente.
Por las reprogramaciones ni siquiera se ha fijado una audiencia especial para que el juez a cargo realice el control de legalidad de acuerdo condicionado.
