Una columna de humo blanco anunció el paso del poblado chileno de Graneros desde la era del carbón al mundo posmoderno. En realidad, el humo que empezó a salir de la fábrica de Nestlé, en el centro de este pequeño pueblo a una hora de Santiago, era vapor, resultado del cambio de combustibles que alimentan las calderas y hornos, el primer proyecto de la multinacional Nestlé en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en el ámbito del Protocolo de Kyoto. Fue el primer proyecto de sustitución de combustible en MDL. Y también el primer proyecto chileno en ser registrado en la Organización de las Naciones Unidas dentro del acuerdo mundial de reducción de los gases del efecto invernadero, que provocan cambios climáticos como el calentamiento global.
Antes, la antigua fábrica expelía humo negro y hollín del carbón usado por sus hornos y calderas. Hoy, la chimenea es una especie de patrimonio histórico de la empresa y la fábrica funciona con gas natural canalizado por Metrogas, distribuidora privada de la Región Metropolitana de Santiago. La empresa se dispone a vender en junio sus primeros créditos de carbono, frutos del cambio a un combustible más limpio. “Estamos en el corazón del pueblo y queríamos tener menos emisiones particuladas”, dice Fernando Gallardo, gerente de la fábrica de Graneros. “Nuestra chimenea generaba hollín de carbón. Y una parte importante iba a la atmósfera, a pesar de nuestro filtro”. El hollín estaba en todos lados, en las ropas de los vecinos e incluso dentro de la fábrica.
La limpieza de Nestlé en Chile fue una señal en un mercado que comenzó a madurar desde febrero del año pasado, cuando el Protocolo de Kyoto entró en vigencia, después de ser ratificado por Rusia, que completó el grupo de países responsables por el 55 por ciento de las emisiones de gases del efecto invernadero requerido por el acuerdo. Entonces comenzó a valer el compromiso acordado en la Conferencia del Clima de Kyoto de 1997, hoy asumido por 156 países. Mediante el acuerdo, cerca de 30 naciones industrializadas concordaron en reducir sus emisiones de gases del efecto invernadero, que provocan cambios climáticos como el calentamiento global y el aumento del número de huracanes en América del Norte, por ejemplo, en 5.2 por ciento respecto del nivel de 1990. Eso equivale a dejar de emitir el equivalente a 5,000 millones de toneladas de carbono, ya sea dejando de emitir el propio CO2, o eliminando los demás gases del efecto invernadero —metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6)—, transformados en equivalentes de toneladas de carbono para su medición. Todos son más contaminantes, aunque menos comunes que el propio gas carbónico.
Por el tratado, los países en desarrollo no necesitan cumplir metas de reducción de contaminantes hasta 2012, pero pueden vender a los países desarrollados las reducciones de emisiones certificadas por la Organización de las Naciones Unidas. Esas certificaciones son la base del Mecanismo de Desarrollo Limpio, previsto en el Protocolo de Kyoto, según el cual los países emergentes pueden garantizar para sí mismos un desarrollo industrial menos contaminante que el que tuvieron los países ya desarrollados y un incentivo financiero, sin lo cual muchas veces el consejo de administración de una empresa no aprobaría los gastos de la reducción de contaminantes.
Antes era una inversión errática, en gran parte incentivada por los recursos del Banco Mundial. Pero el mercado de créditos de carbono explotó el año pasado, después de la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto. Según datos de la consultora noruega Point Carbon, el principal medio de información sobre ese mercado naciente, el volumen de créditos de carbono negociados aumentó 2,500 por ciento en 2005 a 9,400 millones de euros (US$12,000 millones). En 2004, había movido apenas 377 millones de euros (US$480 millones). Gran parte de esos créditos son autorizaciones para contaminaciones emitidas por las autoridades europeas —dentro de los límites permitidos por el Protocolo— negociadas entre los propios países. De ese mercado, cerca de 2,000 millones de euros (US$2,600 millones) son certificados de reducción de emisiones bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, o el CER (por las siglas en inglés para Reducción Certificada de Emisiones). Hoy existen cerca de 140 proyectos de MDL en el mundo, la mitad de ellas en América Latina, región pionera en los debates y en la legislación de Kyoto: el propio MDL fue propuesto por Brasil y Costa Rica.
Mercado explosivo
El precio de los títulos registró una explosión parecida. En la bolsa europea de las autorizaciones de emisión —European Union Allowances—, los precios de los certificados subieron desde cerca de siete euros por tonelada de carbono cuando el Protocolo de Kyoto entró en vigencia, a 31 euros en su ápice, alcanzado en abril de este año. “El mercado nunca había parado de subir”, dice María Pía Iannariello, gerente general de MGM International, una consultora pionera en el mercado de créditos de carbono.
De hecho, el mercado de créditos de carbono se volvió extremadamente especulativo, con el precio pasando a fluctuar principalmente de acuerdo con los precios del gas y de la energía en general en los mercados de commodities y empujado por los especuladores. Mientras las empresas europeas tenían una demanda sólida por los créditos para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, la autorización de proyectos por parte de las autoridades nacionales y posteriormente por la ONU se arrastraba. El exceso de demanda para una oferta lenta completaba el escenario propicio para la especulación.
El mes pasado, ese mercado pasó por su primera corrección. La divulgación del balance de las emisiones de algunos países europeos en 2005 mostró que pueden necesitar de menos créditos de carbono que lo previsto anteriormente para cumplir sus metas y provocó una fuga y el colapso de los papeles en la bolsa europea. El informe infló la bola especulativa que se había formado en el mercado de créditos de carbono y los precios cayeron más de 50 por ciento. Una autorización en Europa, que llegó a valer 31 euros, cayó a 12 euros en pocos días. Eso paralizó el mercado de CER, los créditos emitidos por los países en desarrollo, cuya cotización en general oscila en torno a la mitad del valor de las allowances europeas.
“La crisis, en realidad, es un paso necesario para la madurez de ese mercado”, dice Marco Monroy, presidente de MGM, quien preparaba el lanzamiento de uno de los mayores y más sofisticados fondos de crédito de carbono del sector privado, justamente cuando la crisis llegó, y ahora tiene que retomar negociaciones de precios en un mercado extremadamente turbulento. “Creo que en las próximas semanas la tendencia de precios debe definirse y vamos a poder lanzar nuestro fondo”. La historia de MGM se confunde con la del propio mercado de créditos de carbono y ahora la empresa se dispone a dar un paso más en parajes inexplorados.
Hijo de uno de los juristas más famosos de Colombia, el abogado Marco Monroy se mudó a Estados Unidos justamente para salir de la sombra del país. En 2000, fundó MGM International, una consultora enfocada en el desarrollo de proyectos que producen créditos de carbono. Monroy prepara el lanzamiento de su primer portafolio, que debe captar hasta 400 millones de euros.
La idea del fondo de MGM es diversificar los proyectos geográficamente y también entre los diferentes gases del efecto invernadero para reducir el riesgo del portafolio.
Pero hay incertidumbre, es qué va a suceder con el sistema después del 2012, cuando termina la primera fase de compromisos. Países como China y Brasil se resisten a vender sus créditos de carbono porque tienen que cambiar de categoría y asumir compromisos de reducción de emisiones en el futuro, cuando los bonos producidos ahora como países en desarrollo podrán ser muy útiles.
Además, hay fuertes expectativas en relación al desarrollo de este mercado, principalmente en lo que se refiere a megaproyectos de clausura de carbono, donde el gas es almacenado debajo de la tierra o el agua, por ejemplo. Según la economista de la Universidad de Columbia, Graciela Chichilnisky, reconocida especialista en ese campo, el mercado del MDL podría llegar a US$100,000 millones en esta década.
Con Joshua Schneyer, en Río de Janeiro
