Pedro Rivera Valenzuela, de 35 años, tiene una pequeña pulpería en la comunidad El Caracol, dice que hace todas sus diligencias comerciales y personales en la cabecera municipal de El Cuá porque le resulta más cerca, pese a que desde 1995 su comunidad pasó a formar parte del municipio matagalpino de Rancho Grande.
“Me resulta mejor ir hasta El Cuá por la cercanía, me queda a cinco kilómetros y porque hay transporte para hacerlo, en cambio para Rancho Grande hay 22 kilómetros de distancia y no hay en que viajar" señala Rivera.
Al igual que El Caracol, con la reforma que se le hizo a la Ley de División Política Administrativa en 1995, también las comunidades El Tabaco y Lana Arriba, que históricamente le pertenecieron a El Cuá-Bocay, también pasaron a formar parte de Rancho Grande. Muchos pobladores de estas comunidades resienten estos cambios y dicen que no los tomaron en cuenta.
¿JINOTEGANOS O MATAGALPINOS?
Esta situación ha provocado que muchos ciudadanos no saben si identificarse como jinoteganos o como matagalpinos, situación que además preocupa a las autoridades municipales.
Mientras a Pedro Rivera le resulta fácil viajar a El Cuá, la suerte del profesor Francisco Avilés, originario del municipio El Tuma-La Dalia, departamento de Matagalpa, no es igual. Él imparte clases en la escuela de El Tabaco, vecina a la comunidad El Caracol, y para viajar todos los fines de semana a su casa tiene que recorrer a pie más de 12 kilómetros, debido a la falta de transporte colectivo.
“Para viajar a mi lugar de origen debo recorrer entre 12 y 15 kilómetros a pie, porque no hay transporte, me han dicho que esta comunidad le pertenece a El Cuá, pero esta escuela es atendida por las autoridades de Rancho Grande y como es departamento de Matagalpa estoy aquí”, dijo.
“Nosotros queremos pertenecer a El Cuá y no a Rancho Grande, pero como los políticos todo lo hacen a su conveniencia aunque a nosotros como pobladores no nos venga a beneficiar en nada, por eso esperamos que los diputados aprueben los cambios”, señaló Rivera.
GOBIERNO MUNICIPAL PIDE REVISIÓN
El Gobierno Municipal de El Cuá, que preside el alcalde liberal Eric Castillo, está reclamando las comunidades, que según él, históricamente le han pertenecido y que ahora quedaron en dominio del municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa.
“Estas comunidades se localizan sobre una misma cordillera (una franja) de 40 kilómetros cuadrados que va desde el cerro Peñas Blancas hasta la comunidad Yahoska, que históricamente le pertenecían al municipio de El Cuá, desde que éste se llamaba El Guano en 1950”, dijo el alcalde Castillo.
El Alcalde y su Concejo Municipal, el pasado 22 de marzo del corriente año, le solicitaron al Presidente de la República, Enrique Bolaños, durante una visita a ese municipio, que interviniera ante la Asamblea Nacional y reformara dicha ley estableciendo los derroteros municipales definitivos entre El Cuá y Rancho Grande para frenar los conflictos administrativos.
POBLACIÓN DECIDIRÁ
Como respuesta a esta petición, el director general de Ordenamiento Territorial del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), Luis Zúñiga, se reunió con autoridades de ambos municipios, con el representante regional del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom). En esa reunión acordaron realizar una encuesta para que sea la población la que decida a qué territorio quiere pertenecer.
Dicha consulta debió realizarse entre el 17 y 21 de mayo, sin embargo, la misma no se logró hacer debido a que el Alcalde liberal de Rancho Grande, Alfredo Zamora, se retiró de las negociaciones, según confirmó el licenciado Reinaldo Alemán, director de Investigaciones Territoriales del Ineter.
Los acuerdos establecían que una vez concluida la encuesta, ambos concejos municipales respetarían la decisión de la población y así definir nuevamente los límites entre ambos municipios para proceder a su amojonamiento.
Ante el retiro de las autoridades de Rancho Grande, el Ineter le enviará un informe de lo que está ocurriendo al presidente Enrique Bolaños, para que sea quien decida si se sigue con lo acordado o se busca la concertación, explicó Alemán.
CONFLICTOS
Cada una de las partes asegura que tiene la razón. El Alcalde de El Cuá asevera que los pobladores desean pertenecer a ese municipio, entre otras cosas porque ahí están ubicadas sus Juntas Receptoras de Votos (JRV), mientras que el de Rancho Grande manifiesta que ellos les han llevado varios proyectos de desarrollo como escuelas, maestros y reparación de caminos.
“Los maestros de Rancho Grande atienden las escuelas de nuestro territorio aunque les resulte más distante, también hay gente que paga sus impuestos en Rancho Grande y en El Cuá por la falta de definición territorial”, dijo el Alcalde de El Cuá.
Según el alcalde Castillo, las autoridades de Rancho Grande les han invadido algunas comunidades que no están en conflicto y les han llegado a mejorar los caminos con el afán de penetrar y tener argumentos para que la gente pague sus impuestos a esa municipalidad.
TAMBIÉN SAN RAFAEL Y LA CONCORDIA
Al punto de no querer verse ni las caras, a ese grado ha llegado el conflicto limítrofe entre los alcaldes de San Rafael del Norte y La Concordia, agravado desde que el primero avaló una concesión maderera en la comunidad La Brellera, ubicada en las márgenes del río Viejo y que ambos municipios se disputan.
Y es que al igual que en el caso de El Cuá y Rancho Grande, en 1995 el Ineter adjudicó a La Concordia las comunidades de La Brellera, Vallecillo, Boniche y la Vuelta del Roble, territorios que históricamente han pertenecido a San Rafael del Norte.
“NO PEDIMOS QUE LES QUITEN, SINO QUE NOS REGRESEN”
El Alcalde liberal de San Rafael, Edman Rufino Arauz, dijo a LA PRENSA que ellos no están pidiendo que les quiten nada a La Concordia, sino “que nos regresen lo que históricamente nos ha pertenecido”.
“Esto nos ha traído serios problemas porque el Gobierno Municipal de La Concordia nos invade el territorio y está engañando a la gente, diciéndoles que les van a llevar proyectos porque nosotros somos deficientes, pero la población es atendida por nosotros y durante las elecciones es aquí donde votan”, dijo Arauz.
En tanto el Alcalde sandinista de La Concordia, Félix Pedro Chavarría, dijo que en este asunto territorial se ha querido mezclar el asunto político con un asunto ambiental.
“Aquí quedó demostrado que estas comunidades le pertenecen a La Concordia territorialmente y el problema se da porque el Gobierno de San Rafael no tiene capacidad de gestión y a nosotros la población nos ha pedido le ayudemos como pasó con la comunidad de Namanjí (de San Rafael) a quien le llevamos un proyecto de agua”, dijo Chavarría.
EL CASO JINOTEGA Y SEBACO
Otros que todavía no se ponen de acuerdo para encontrar una solución al problema limítrofe son los alcaldes del municipio de Jinotega y el de Sébaco, departamento de Matagalpa.
Las comunidades El Naranjo, Jocomico y Paso Ancho, El Salto y La Corneta, que históricamente le pertenecían a Jinotega, desde 1995 pasaron a formar parte del territorio de Sébaco y ahora sus habitantes reciben atención por ambas municipalidades.
NO HACEN NI DEJAN HACER
Mientras las personas de mayor edad dicen sentirse jinoteganas, el Alcalde liberal de Sébaco, Boanerges González, dijo que las comunidades que reclaman las autoridades de Jinotega, desde 1995 están siendo atendidas con proyectos de electrificación, agua y mejoramiento de caminos. “En estos momentos estamos electrificando la zona de Jocomico Arriba y estamos buscando fondos para electrificar otras comunidades, algo que no lo ha hecho la Alcaldía de Jinotega”.
Agregó que lo que le molesta a la Alcaldía de Jinotega es que la gente de estas comunidades se siente identificada con el municipio de Sébaco porque están siendo atendidas por esa municipalidad.
En tanto el Alcalde sandinista del municipio de Jinotega, Eugenio López, dijo estar esperando se pronuncie la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante los tres recursos, dos de amparo y uno por inconstitucionalidad, por los nuevos derroteros.
“En vista que la Corte no se ha pronunciado se acordó con los ministerios de Educación y Salud que estos dos sectores iban a seguir siendo atendidos por Jinotega, mientras se dilucida esta situación”, dijo.
POBLACIÓN DIVIDIDA
El Naranjo, una de las comunidades en reclamo, es sumamente pobre, sus casitas en su mayoría están construidas de adobe y muy poco progreso se observa.
Abraham Castro, de 85 años, es otro habitante de la comunidad El Naranjo, quien al preguntarle a qué municipio pertenece, contestó que a Jinotega: “Yo me siento jinotegano ciento por ciento y prefiero seguir siendo jinotegano a pesar que no hemos recibido ningún beneficio porque hasta el centro de salud lo cerraron y los políticos sólo vienen aquí cuando quieren nuestro voto”, dijo.
“Cerraron el centro de salud las autoridades del departamento de Jinotega, se llevaron hasta el mobiliario y no tenemos asistencia médica desde hace varios meses”, dijo muy molesto este anciano.
Sin embargo, los jóvenes que viven en El Naranjo prefieren viajar hasta Matagalpa a estudiar o realizar cualquier diligencia aunque les resulte más largo.
