El ex titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Pedro Solórzano, por medio de un acuerdo ministerial habría “premiado” a seis abogados de esa institución, permitiéndoles cobrar diez mil córdobas por cada contrato elaborado, aparte del salario que ya devengaban como asesores legales.
Solórzano emitió el Acuerdo Ministerial 26-2004 para aprobar el cobro por los contratos, pero restringió a la mayoría de abogados y notarios del MTI, con una serie de condiciones que sólo las cumplía el grupo de seis asesores legales que, supuestamente, eran incondicionales suyos mientras se desempeñó como ministro de esa cartera.
Buscamos la versión de Solórzano por medio del vocero de Casa Presidencial, Lindolfo Monjarretz, ya que el ahora secretario de Asuntos Políticos de la Presidencia, no responde su teléfono.
Monjarretz nos dijo ayer que Solórzano no iba a hablar sobre este tema, y que él insistiría para que nos atendiera, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta de ninguno de los dos funcionarios.
SÓLO ALGUNOS
Las restricciones establecidas en el Acuerdo Ministerial 26-2004 para favorecer al grupo de abogados, son: tener al menos cuatro años de haber sido autorizados para el ejercicio profesional como abogado y notario público por la Corte Suprema de Justicia, haberse desempeñado como asesor legal en las direcciones sustantivas del MTI por un período mínimo de 40 meses consecutivos ininterrumpidos, y estar al día en el informe anual de su protocolo, ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Contraloría General de la República, sobre contrataciones celebradas por el MTI.
Estas disposiciones, establecidas por Solórzano en su acuerdo ministerial, están reñidas con la Ley del Notariado, que establece que pueden actuar como Notarios Públicos todos aquellos que estén incorporados y autorizados para cartular por la Corte Suprema de Justicia.
INCONSTITUCIONAL
Incluso, el acuerdo ministerial violenta la misma Constitución Política en su artículo 27, que establece que todos los nicaragüenses son iguales ante la ley.
LA PRENSA logró establecer que desde marzo del 2005 hasta mayo del 2006, este grupo de abogados cobró por elaborar al menos 28 contratos (280 mil córdobas), aunque la cantidad puede ser mayor, tomando en cuenta que la disposición de Solórzano está vigente desde diciembre del 2004.
El decreto de Solórzano fue anulado por Ricardo Vega Jackson, quien le sucedió al frente del MTI a finales del año pasado.
Vega Jackson, mediante el Decreto 32-2006, reformó la disposición de Solórzano estableciendo que la distribución de la cartulación de los contratos se haría entre todos los asesores legales contratados por el MTI, que cumplan con el único requisito de estar incorporados y autorizados por la Corte Suprema de Justicia.
Vega Jackson renunció al MTI hace tres semanas y dijo que el presidente Enrique Bolaños no le permitió tomar algunas decisiones para mejorar la gestión en ese Ministerio, entre ellas el despido del director de Transporte Terrestre, Yamil Kuant, a quien han señalado de ser allegado a Solórzano y de cometer anomalías en la concesión de rutas a los transportistas.
PGR CRITICA
El Procurador General de la República, Alberto Novoa, cuestionó los pagos adicionales a los abogados del MTI por elaborar contratos, si ya tienen un sueldo establecido.
“Esta es una práctica común en el Estado, que a mi juicio hay que suprimirla”, afirmó.
