El Estado no ha podido recuperar 33.4 millones de dólares (casi 600 millones de córdobas) que fueron sacados ilegalmente de sus arcas entre 1999 y junio del 2004, porque la Procuraduría General de la República (PGR) no ha ejercido las acciones legales correspondientes, por falta de capacidad operativa, según un diagnóstico del sistema de justicia elaborado por la Unión Europea (UE).
Se trata de un análisis detallado del funcionamiento interno del Poder Judicial en Nicaragua y las relaciones interinstitucionales, en el cual se revela que, en ese período, la Contraloría General de la República (CGR) determinó presunción de responsabilidad penal y responsabilidad civil en 934 casos, cuyo perjuicio económico al Estado, cometido por funcionarios públicos, supera los 33 millones de dólares, es decir casi 600 millones de córdobas.
La falta de acciones legales para la recuperación de estos recursos obedece, según el documento, a la falta de capacidad operativa de la PGR y de coordinaciones que debe hacer el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
FALTAN RECURSOS
Los analistas reconocen que esta labor es difícil, pues la Procuraduría no cuenta con una unidad especializada para encargarse de este aspecto ni presupuesto para crearla.
No obstante, califican de “curioso” el hecho de que la mayor carga de trabajo o los recursos económicos de la Procuraduría estén precisamente dirigidos al aspecto privado civil como la intervención en divorcios, declaratorias de herederos, rectificaciones de partidas de nacimiento, entre otros asuntos, pero no en el aspecto público, tomando en cuenta que esta institución fue creada para defender los intereses del Estado.
Juan Jiménez Mayor, comentarista del estudio, destacó como un hecho relevante que Nicaragua está en el “camino correcto” para ir aumentando el acceso a la justicia, pero también existe la preocupación porque no hay una articulación con la ciudadanía, dato que se refleja en el bajo nivel de confianza de la población en la justicia: apenas el 14 por ciento
LOS GASTOS PER CáPITA
En lo que concierne a los gastos per cápita, el Poder Judicial se encuentra en muy buena posición, incluso que Colombia, Honduras y Guatemala, tres países con nivel de vida más elevado que Nicaragua, según el diagnóstico de la Unión Europea.
Un dato importante es que hay una desigualdad en la repartición geográfica general de los recursos, con una tendencia a favorecer a Managua.
DESIGUALDAD EN SALARIOS
“Entre las conclusiones a las que llegaron los analistas está que la concentración del gasto está en los salarios, rubro en el cual se aprecia una de las mayores desigualdades existentes en el Poder Judicial.
“Se nota una concentración del monto salarial en los cargos de dirección entre 2003-2006 para la CSJ. Para la PGR y el Ministerio Público en 2006 se observa una concentración menor del monto salarial en los cargos de dirección”, refiere el informe.
Partiendo de este hecho, se recomienda a esas instituciones una repartición futura más apropiada de los recursos salariales entre los diversos grupos.
