La Contraloría General de la República (CGR) se dio por satisfecha con las explicaciones brindadas por el titular de Transporte e Infraestructura, Pablo Fernando Martínez, sobre la utilización de equipos pertenecientes a su empresa privada en un proyecto público desarrollado por el Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav), en Matagalpa.
La Dirección de Análisis Jurídico del ente fiscalizador determinó que el arrendamiento de equipos de la empresa Ceico S.A., vinculada al Ministro, por parte de Llansa Ingenieros, constructora, a cargo de ejecutar el proyecto, no representa un conflicto de intereses para el funcionario público.
LA PRENSA reveló el pasado 23 de julio que maquinaria de Ceico S.A estaba operando en el proyecto de compactación con material selecto del tramo Santa Emilia-El Roblar, de 19 kilómetros, a cargo del Fomav.
“El Ministro (Fernando Martínez) mandó un informe bastante amplio que fue analizado por la Dirección Jurídica que concluye que el contrato con Llansa Ingenieros, fue hecho antes de que fuera Ministro. Además, el pasó sus acciones (de Ceico) a un familiar, que creo es su hijo”, explicó el vicepresidente de la CGR, contralor Lino Hernández Oviedo.
CONTRALOR NO VE SUBARRENDAMIENTO
La adjudicación del contrato de este proyecto a Llansa Ingenieros por parte del Fomav se dio a finales del año pasado. Tres semanas antes que iniciaran los trabajos en el tramo (3 de mayo pasado), Llansa Ingenieros firmó un contrato de alquiler de maquinaria de Ceico para poder cumplir con el proyecto en los plazos establecidos en el contrato.
Fernando Martínez, en el programa televisivo Primera Plana, producido por Canal 2 y LA PRENSA, se comprometió públicamente a que apartaría a su constructora de cualquier proyecto gubernamental para evitar cualquier señalamiento de conflictos de intereses, y la mantendría en proyectos privados.
Cuando fue cuestionado por este caso, Martínez argumentó que no estaba violando su promesa pública porque Ceico no había participado en la licitación del proyecto y que la Ley de Contrataciones del Estado no le imposibilitaba arrendar su maquinaria a otras constructoras que sí estuviesen ejecutando proyectos gubernamentales.
“Para subarrendar una obra, se necesita que esté certificado en el contrato y se necesita que sea aprobado por la máxima autoridad de la entidad que está contratando, en este caso el Ministro. En este caso lo que el Ministro nos dice y nos dice también la Dirección Jurídica de la Contraloría, es que cuando se licitó y adjudicó el proyecto a Llansa, no era a un Ministro. Lo otro que nos dice la jurídica es que no era un subarriendo como señala la ley de contrataciones del Estado, para parte de una obra específica, sino que era una contratación de equipos que no es la misma figura del subarriendo. Por eso aprobamos y aceptamos la explicación del Ministro”, explicó el contralor Hernández.
PARA LA PRÓXIMA...
El funcionario comentó que el consejo de contralores estableció que si aparece otro proyecto o contrato de arrendamiento en el cual esté involucrada la empresa vinculada al Ministro del MTI, será analizado nuevamente, pese a que ya exista como precedente esta resolución en relación al alquiler de maquinarias de Ceico por parte de Llansa Ingenieros. Hernández explicó que esto se debe a que hay que revisar siempre las fechas de las adjudicaciones de los contratos.
