La aprobada extradición del ex general Manuel Antonio Noriega a Francia parece confirmar las sospechas de que un “pacto secreto” impedirá que vuelva al país que desestabilizó hasta el punto de provocar la invasión de Estados Unidos.
La decisión de un juez estadounidense, de certificar la solicitud francesa de extradición de Noriega esta semana, ya estaba “cantada” en los medios locales y avalada incluso por declaraciones recientes de la delegación diplomática de Washington en esta capital.
Una encuesta de opinión publicada por un diario local señalaba que un 65 por ciento de más de mil encuestados creía que Estados Unidos, Francia y Panamá “pactaron el destino de Noriega”.
Los abogados del ex militar en Panamá, Julio Berríos y Rolando Rodríguez, denunciaron también que el Departamento de Estado de Estados Unidos presionaría para que Noriega no volviera a Panamá, a petición del Gobierno de este país, que teme aún que su presencia sea foco de disturbios.
ADMINISTRACIÓN EE.UU. PREFIERE FRANCIA
El portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Gavin Sundwall, indicó en julio su gobierno recomendó al juzgado que lleva el caso la extradición a Francia del ex dictador, con el conocimiento del gobierno panameño.
Antes de que el Departamento de Justicia de su país apoyara el 17 de julio pasado la solicitud en 2004 de extradición de Noriega a Francia y no la de Panamá, presentada en 1991, “hablamos con las autoridades panameñas de esta decisión”, aseguró.
El ex presidente Guillermo Endara, en la oposición, sostuvo tras conocer la decisión sobre Noriega, que “definitivamente hay un acuerdo, aunque no lo he visto por escrito, pero hay un acuerdo”.
Según Endara, “este es un gran acuerdo” entre Estados Unidos, Francia y Panamá, del que este país “ha salido muy humillado”.
Manuel Antonio Noriega fue considerado el “hombre fuerte” de Panamá entre 1983 y 1989, al frente de las denominadas Fuerzas de Defensa, desaparecido ejército del país, que respaldó la gestión política del ahora gobernante Partido Revolucionario Democrático, el partido del actual presidente Martín Torrijos.
EXPERTO VE DESINTERÉS
A su vez, el catedrático de Derecho Internacional Miguel Antonio Bernal señaló que “desde el punto de vista jurídico el Gobierno de Panamá ha utilizado todas las herramientas a su alcance para evitar que Noriega sea extraditado a este país”.
Ni siquiera en su respuesta oficial, que apunta ahora a solicitar la extradición de Noriega a Francia, Panamá ha mencionado la posibilidad de apelar la decisión del juez, a lo que el país tiene derecho, señaló.
El dirigente opositor Ricardo Martinelli añadió, por su parte, que “el único responsable” de que Noriega no vuelva a Panamá a cumplir con la justicia “es el gobierno panameño”.
Y no justifica los supuestos temores de la Administración del presidente Martín Torrijos, por la capacidad de desestabilización de Noriega, porque, según la jerga local, “tongo botao, no pone boleta”. Un militar sin uniforme ya no tiene poder, ni para poner multas, explicó.
El Gobierno de Panamá ha reiterado que no es “parte reconocida” en el proceso judicial que se sigue a Noriega, en el que están involucrados sólo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los abogados del ex general.
Estados Unidos ha argumentado que, con la extradición a Francia, favorece que Noriega atienda todos los procesos legales abiertos en su contra, no sólo los que reclama Panamá”, país que no extradita nacionales.
Esa misma estipulación motivó la invasión de Panamá en 1989 para detener al ex dictador, inicialmente aliado regional de la Casa Blanca y, según se ha dicho, colaborador de la CIA.
Cuando salga en libertad, el próximo 9 de septiembre, habrá cumplido 17 de los 40 años a los que inicialmente fue condenado tras ser juzgado en 1992 por un tribunal de Miami (EE.UU.), por confabulación para el narcotráfico, durante la década del ochenta.
EN CASA SÓLO LE CONDENARÍAN A 20 AÑOS
Noriega fue juzgado en ausencia y condenado a diez años de prisión por lavado de dinero en Francia, y en Panamá, debe sentencia de 60 años por al menos tres delitos, entre ellos el de asesinato.
Sin embargo, la justicia local, que reconoce sólo 20 años de prisión como pena máxima, prevé casa por cárcel para los mayores de 71 años y la posibilidad de conmutar penas por sentencias similares ya cumplidas. Noriega tiene 70 años de edad.
Fuentes diplomáticas consultadas por ACAN-EFE apuntaron, en su día, una supuesta creencia en Washington, de que en Panamá aún pesa el poder político de muchos antiguos colaboradores del ex militar, que podrían interceder a su favor.
La decisión de la justicia de Estados Unidos, de recomendar la extradición a Francia del ex general Noriega, es la consecuencia de una actuación débil del Estado panameño al pedir su repatriación, afirman los líderes opositores.
La ex presidenta panameña Mireya Moscoso (1999-2004), del Partido Panameñista (oposición), dijo que el Gobierno panameño debió haber actuado “con presión” para que a Noriega se le trajese a Panamá.
Afirmó que “el Gobierno (nacional) actuó tímidamente”, porque “no le conviene que Noriega viniera a Panamá y fácilmente ha dejado que se lo lleven a Francia”.
“Eso aquí no nos ha causado sorpresa tampoco, puesto que estamos viendo lo que está sucediendo en Panamá, pero aquellas víctimas y los sobrevivientes (del régimen militar) queríamos que Noriega viniera a pagar sus crímenes aquí en este país y no en Francia”, donde se le acusa de lavado de dinero, expresó Moscoso.
Recordó, por otra parte, que durante su gestión se pidió la extradición a Panamá de Noriega.
“Una vez que ya se cumplió, entonces le tocó a este Gobierno pedirla, pero pedirla enérgicamente y no tibiamente como se ha hecho”, subrayó Moscoso, destacando que ahora Panamá “tendrá que pedirlo al Gobierno francés”.
La defensa alega que su condición de prisionero de guerra obliga a EE.UU. a devolverlo a Panamá. Además, Noriega rechazó su sentencia en Francia de 1999 y según la defensa los delitos de lavado habrían proscrito en ese país y que cuando cometió los supuestos delitos, su cliente era la máxima autoridad y tenía inmunidad.
El juez federal de Miami Willian Turnoff rechazó estos alegatos y dijo que la Convención de Ginebra no impedía que se le juzgase por lavador de dinero.
Los abogados, sin embargo, han asegurado que apelarán esa decisión y que interpondrán un recurso de “habeas corpus” para que no sea trasladado hasta que no se resuelva definitivamente el caso.
