Líderes de grupos cívicos y del movimiento sindical de EE.UU. demandaron al Gobierno para frenar la aplicación de un reglamento dirigido contra los trabajadores indocumentados.

La demanda, presentada el miércoles en un tribunal federal de California, busca impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración del Seguro Social (SSA) pongan en marcha el nuevo reglamento, anunciado el pasado 10 de agosto como parte de una serie de medidas contra la inmigración ilegal.

Las medidas, en su conjunto, estrechan el cerco contra los indocumentados, aumentan las sanciones contra quienes los contraten e incrementan la seguridad fronteriza.

En concreto, las medidas amplían el programa “Basic Pilot” de 1997, ahora rebautizado como “E-verify”, en el que las empresas pueden cotejar la información de sus empleados con las bases de datos del DHS y la SS.

A partir del próximo 4 de septiembre, las empresas tendrán 90 días para corregir cualquier error tipográfico o administrativo en los documentos sobre sus empleados, una vez que reciban una advertencia por escrito del Gobierno sobre las discrepancias.

Las empresas tendrán que despedir a quienes presenten documentos falsos o que no puedan corregir las discrepancias en sus números de Seguro Social.

Si no lo hacen, podrían ser sancionadas con multas que inicialmente serán de 2,200 dólares, y podrían afrontar cargos criminales, según el DHS.

El Gobierno emite esas cartas de advertencia a los empleadores desde hace varios años pero, con este reglamento, se recrudecen las medidas contra quienes contraten a los trabajadores indocumentados.

Se prevé que a partir del próximo martes, la SSA comience a enviar cartas de advertencia a aproximadamente 140,000 empresas, lo que afectaría a unos ocho millones de trabajadores, según los demandantes.