La ausencia de interés del Estado en crear una política de protección a la juventud se refleja en la destinación de recursos al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.
Según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, divulgados en su página web, los asuntos de la familia tendrán solamente 1.02 por ciento de la proyección del presupuesto general del Estado para 2008, equivalente a unos 333 millones de córdobas.
LA PRENSA denunció el pasado martes que tras nueve años de la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley todavía no tiene efecto y uno de los principales problemas es la ausencia de centros de atención especial para adolescentes que transgreden las leyes y para la rehabilitación de niños en situación de riesgo.
Las inversiones en la niñez en el 2008 serán 16.5 por ciento menores con relación a 2007, aunque el presupuesto total del Gobierno haya crecido un 15.5 por ciento.
Este año el Ministerio de la Familia recibió el 1.37 por ciento del Presupuesto General de la República, el equivalente a casi 388 millones de córdobas.
La directora de Protección Especial del Ministerio de la Familia, Ivonne Ibarra, reconoce que un presupuesto más ajustado es sinónimo de menos proyectos y no supo informar si hay planes para la construcción de centros de atención especial para adolescentes. Afirma que también les compete a los ministerios de Gobernación, Salud y Educación brindar una atención integral a la niñez nicaragüense.
“El Estado debe tener esta infraestructura para recibir a estos niños, pero en los últimos años al Estado no le importó dejar caer los proyectos sociales. Hoy, para aplicar la protección, la mayoría de los centros son privados”, comenta.
Ibarra añade que el Ministerio dispone de pocos equipos interdisciplinarios, donde trabajen profesionales de sicología, trabajo social, pedagogía y derecho, que hagan estudios sicosociales y jurídicos de cada caso antes de la aplicación de las medidas.
“Pero nuestro principal esfuerzo es en la prevención, involucrando a las familias para que asuman su rol de responsabilidad, y queremos destinar más presupuesto para eso”, expresó Ibarra, quien mencionó la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que a partir de 2008 permitirá el registro civil de 50,000 niños en todo el país.
La diputada liberal Ana Julia Balladares, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, afirma que ya envió una carta a la Comisión de Presupuesto del parlamento para que se pueda incluir una asignación en 2008 para la construcción de centros de rehabilitación para niños transgresores de las leyes.
“Hoy no existen estos recursos y pedimos sensibilidad del Gobierno, pues tenemos hasta el 15 de diciembre para que se pueda aprobar”, dijo la diputada Balladares, quien indicó que los gastos para construir los centros necesarios, serían de 18 millones de córdobas anuales.
PROCURADORA TAMBIÉN SE QUEJA
Como parte de los avances de una política de protección al niño y al adolescente, en 1999 el Estado nicaragüense creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y luego nombró a un Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, cargo que hoy ocupa Norma Moreno. Pero la procuradora también se queja de la falta de aplicación de la ley.
“No hay inversiones en la construcción de núcleos de protección especial, tampoco en centros para la rehabilitación de adolescentes en situación de riesgo. El Ministerio de la Familia actualmente administra el Centro Divino Niño, de Managua, con capacidad para 40 adolescentes, que estaba privatizado, pero es insuficiente. Y no queremos mantener a los niños en estos locales, es necesario una intervención integral para que ellos puedan reintegrarse a la sociedad”, dijo Moreno, quien afirma que son necesarios por lo menos cuatro centros más en el país.
Para la Procuradora de la Niñez, la política para el niño y el adolescente nunca ha sido una prioridad para los gobiernos de turno en Nicaragua.
Norma Moreno menciona algunos logros, como el Plan Nacional de Salud, el Plan Nacional contra la Explotación Sexual y la reforma del Código del Trabajo, que ha prohibido la explotación laboral de menores de 14 años.
Pero todavía faltan viviendas, centros de salud y escuelas con buenas condiciones, empleos y salarios dignos para los padres, lo que, según la Procuradora, es imprescindible para la integridad física y moral de niños y adolescentes.
