La gira del Presidente de Estados Unidos, George Bush, por América Latina, fue recibida con escepticismo y cinismo con razón: su mensaje de preocupación y generosidad simplemente sonó falso en la mayoría de países que visitó.

La gran excepción fue Colombia, donde Bush ha mantenido el apoyo a la estrategia de siete años contra las drogas y por el desarrollo, conocida como Plan Colombia.

No es coincidencia entonces que Bush tenga en Colombia una de las pocas oportunidades reales de marcar una diferencia positiva en América Latina. Como un gesto significativo de buena voluntad, Bush podría cambiar el sentido del paquete de ayuda de Washington, de su actual énfasis militar a otro enfocado en la justicia y el Estado de Derecho. En esa forma reforzaría los avances del país hacia la paz.

El Plan Colombia, que se beneficia de la mayor cantidad de ayuda estadounidense fuera del Medio Oriente y Afganistán, ha desencadenado un torrente de presiones diversas en el sistema judicial del país.

Los perpetradores de algunos de los asesinatos más atroces en la historia del país se han entregado. Miles de víctimas se están atreviendo a demandar justicia. A la vez que estalla un tremendo escándalo político en un necesario pero exigente proceso catártico.

El proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar de extrema derecha, ha sacado a la luz pública 100,000 actos criminales que inundan a la Fiscalía General de la Nación.

Actualmente hay sólo 20 fiscales encargados de armar los casos en contra de más de 50 comandantes paramilitares que están confesando crímenes a cambio de sentencias más suaves. El primero en testificar, Salvatore Mancuso, ha admitido ya haber sido responsable de más 300 asesinatos.

La demanda de más investigadores también está creciendo a medida que la Corte Suprema colombiana descubre nuevos vínculos entre la clase política y los paramilitares. En lo que se conoce ahora como el escándalo de la parapolítica, varios de los aliados del presidente colombiano Álvaro Uribe han sido arrestados por ayudar y alentar a las milicias de derecha. En ese proceso, que apenas comienza, la Corte sólo ha investigado tres de los 32 departamentos colombianos.

La administración de la justicia es engorrosa y arriesgada. Si bien es cierto que Colombia ha hecho mucho —con la ayuda de Washington— para modernizar su sistema judicial, la Fiscalía todavía carece de herramientas básicas como un programa de computación para recoger información de todo el país en una misma base de datos.

De acuerdo con Maria McFarland, de Human Rights Watch, el Departamento de Justicia de Estados Unidos prometió proporcionar el programa hace un año.

Entre tanto, aquellos que investigan crímenes a menudo deben viajar a lugares peligrosos en buses públicos, y ciudadanos que sirven como testigos y ayudan a recoger evidencia están en general desprotegidos.

Algunos de ellos, como Yolanda Izquierdo, han empezado a sufrir represalias violentas.

Hace seis semanas, hombres que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a Izquierdo, una líder comunitaria de 43 años que estaba recogiendo evidencias para ayudar a más de 800 familias campesinas a recuperar sus tierras confiscadas por paramilitares.

La mujer había infructuosamente rogado al Gobierno que la protegiera. Por lo menos otros tres familiares de víctimas y dos asistentes de comandantes paramilitares también han sido asesinados en las últimas semanas.

Estados Unidos gasta cerca de $20 millones anualmente en el sector judicial de Colombia. Más recientemente, parte de la ayuda ha ido a aumentar la unidad de fiscales encargados de investigar las confesiones paramilitares y a crear un centro de identificación humana donde los cadáveres exhumados de fosas comunes a lo largo del país puedan ser almacenados —no sólo para proteger evidencia importante sino para proveer información valiosa para los familiares de las víctimas.

Hasta ahora, sin embargo, la mayor proporción de la ayuda se destina todavía a equipo militar, en especial helicópteros para transportar tropas a zonas de combate y aviones de fumigación para destruir cultivos ilícitos.

Los fondos para el sector judicial representan una diminuta parte del total —menos del 3 por ciento—. Pero podría decirse que esa puede ser la más importante inversión hoy en día “en términos de resultados por cada dólar”, según un funcionario del Departamento de Justicia.

Hasta ahora la administración Bush sólo ha ofrecido apoyo retórico a la idea de cambiar el énfasis de la ayuda. Su solicitud presupuestal para el año fiscal 2008 es prácticamente una copia exacta de solicitudes pasadas con la mayor parte de los fondos (más de $367 millones) todavía destinados a la interdicción y la erradicación de drogas.

Pero con los demócratas ahora mayoría en el Congreso, la oportunidad de hacer el cambio nunca ha sido mejor. El mandatario mismo pareció reconocer la importancia de hacerlo cuando, durante su escala en Bogotá, afirmó: “La mejor manera de cicatrizar las heridas (de Colombia) es que la gente vea que se está impartiendo una justicia justa e independiente”.

No hay duda de que Colombia se presenta como un caso fácil para la nueva diplomacia humanitaria de Bush.

Washington Post.