El comisionado mayor Hugo Ernesto Zamora cayó en desgracia en las filas de la Policía Nacional después que un informe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) le atribuyera la supuesta solicitud de coimas a ganaderos de la zona y trámites sin control de servicios policiales a cambio de dinero, mientras fungió como jefe de la delegación del departamento de León.
Ayer LA PRENSA reveló la existencia de una solicitud de retiro del comisionado Zamora, que envió la actual directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, al presidente Daniel Ortega.
Zamora fue jefe de León hasta septiembre del año pasado. Ahora se desempeñaba como secretario general y secretario de Relaciones Internacionales de la institución.
Este Diario tiene en su poder el informe de Auxilio Judicial en el que se detallan las supuestas irregularidades cometidas por Zamora.
El informe presenta el testimonio de la capitana Lucía Bárcenas Manzanares, asistente de la jefatura de León, quien dice que existía una comisión dirigida por Zamora, encargada de solicitar dinero a empresas del casco urbano de León mediante cartas que les llegaban cada quincena o mensualmente.
“Según el comisionado mayor Hugo Zamora, era para mejorar la alimentación de los policías y compra de combustible de los vehículos; las empresas le respondían a lo solicitado”, señaló Bárcenas.
Cuotas por municipio
La investigación realizada por la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) concluyó que “el comisionado mayor Hugo Ernesto Zamora y el comisionado César Díaz Baltodano, imponían cuotas de cinco mil a diez mil córdobas y un novillo a cada jefe de municipio, para realizar las actividades de aniversario de la Policía, Día de las Madres, Día de la Mujer, encuentros con la juventud y fin de año”. Los jefes de municipios, a su vez, solicitaban ayuda a los ganaderos de sus municipios mediante carta firmada por Zamora, según confirmaron los investigadores.
“Los ganaderos respondían a lo solicitado y las ayudas eran llevadas a la cabecera departamental, desconociendo su destino, ya que a los niños de los policías les realizaban cinco piñatas, les entregaban una bolsita con caramelos y se repartía yuca con cerdo para todos los que participaban”, revela la investigación.
Destacan las investigaciones de la DAJ, que para una de las celebraciones de esa delegación, el ganadero William Gurdián regaló un semental, pero como se trataba de un animal de raza, Zamora mandó a un investigador del municipio La Paz Centro a que trasladara el animal a una finca.
Desde su cargo, la capitana Bárcenas pudo apreciar que aún cuando Zamora no se encontraba, el capitán Oswaldo López le dejaba dinero, según recoge la investigación. “(López) Entraba a la oficina con un librito y luego se retiraba”, recuerda. López es señalado en la investigación de haber sido utilizado por Zamora para obtener dinero a través de los servicios policiales ofrecidos de forma fraudulenta. López fue el único oficial al que la jefatura ordenó dar baja deshonrosa.
Bárcenas revela que otro oficial que le llevaba “mucho dinero” al comisionado Zamora, era el teniente Miguel Carmona, a quien en algunas ocasiones escuchó decirle a su jefe “que le consiguiera 10 mil córdobas”.
“Otro señor de nombre Josep Montalvo (q.e.p.d.), dueño de (máquinas) tragamonedas, llegaba a la jefatura cada vez que lo llamaba el comisionado mayor Zamora y le llevaba dinero en un sobre, al igual que el señor de nombre Phillp, de nacionalidad francesa, dueño de locales de tragamonedas, éste al presentarse a la jefatura decía que le venía a dejar dinero al comisionado mayor Zamora, como muestra de cooperación”, refiere Bárcenas.
La asistente de la jefatura menciona, a su vez, que los jefes de los municipios Nagarote y La Paz Centro, subcomisionados Guillermo Miranda y Filemón Rojas, respectivamente, cada quince días o mensual también le llevaban a Zamora de cinco a 10 mil córdobas.
“Cuando se iniciaron los problemas en Servicios Policiales, el capitán Oswaldo López le informaba al comisionado mayor Zamora (y) éste le respondía que no se preocupara, porque había solución”, manifestó Bárcenas en su amplia declaración.
En las conclusiones del informe, la DAJ aconseja que por ser oficiales superiores, el comisionado mayor Hugo Ernesto Zamora, así como el comisionado César Díaz, segundo jefe de delegación y el comisionado Edgard Sánchez, jefe de Tránsito, deben ser abordados por la Dirección de Asuntos Internos. “Y una vez culminadas estas diligencias, elevar el presente caso a consideración del Inspector General de la Policía Nacional, Juan Báez Galeano, para que proponga a la jefatura nacional si esta investigación será del conocimiento del Ministerio Público o será tratada en la vía administrativa”.
NINGUNO RESPONDE
LA PRENSA consultó al comisionado mayor Hugo Ernesto Zamora, quien inicialmente nos remitió con la directora de la institución, pero ante la insistencia por conocer su versión sobre las supuestas coimas, dijo: “Hablá eso. Porque no me vayan a despotricar, cuando no conocen las cosas de fondo. Realmente la que tiene la voz cantante es la directora”.
El entonces segundo jefe de la delegación de León y ahora segundo jefe de Matagalpa, comisionado César Díaz, se limitó a responder: “Oiga, yo no manejo eso, en todo caso quien lo debe manejar es el jefe de la Policía. Yo era el segundo jefe, allí había un jefe de la Policía, llamado comisionado mayor Zamora, en todo caso es él”.
LA PRENSA trató de obtener la versión del comisionado Edgard Sánchez, pero no fue ubicado.
En el informe de la DAJ aparece también una declaración del jefe de Informática, Marvin José Ramos Valladares, quien según otros oficiales dice ser sobrino del ex director de la Policía, Edwin Cordero, que ingresó a laborar a la delegación en 2003, cuyo jefe inmediato era el capitán López, a quien responsabiliza de ordenarle trámites de licencia profesional y agregar otras categorías a licencias otorgadas a menores de edad.
TRABAJOS SIN CONTROL
En una ocasión, refiere Ramos, detectó que Alisson Melina Hernández estaba de vacaciones, pero en su cuenta de trabajo se realizaron 81 trámites, 39 de licencias de conducir, seis de registros vehiculares, 19 de portaciones de armas, y 18 certificados de conducta, y aunque la información la remitió a Zamora, éste no le hizo caso.
Ramos sostiene que al reclamarle a López por qué le enviaba trámites sin llenar los requisitos establecidos para obtener licencias y legalización de vehículos, éste le respondió que “estaba autorizado por el comisionado mayor Hugo Ernesto Zamora y el comisionado Edgard Sánchez”.
Un día sábado, dice Ramos, López les pidió que llegaran a trabajar, porque tenían que “depurar” algunos documentos, debido a que llegaría una visita de Managua. “Por lo que Alisson Melina Hernández y el capitán Oswaldo López procedieron a depurar las notas firmadas y selladas que remitían el capitán Oswaldo López y el comisionado Edgard Sánchez”.
En una ampliación de su declaración, Ramos señala que a mediados del 2004 llegaba con frecuencia a la delegación un ciudadano a quien sólo identifica como Erick, habitante del barrio San Felipe, para que le emitieran tarjetas de circulación de vehículos y otras provisionales, que López orientaba aduciendo que se trataba de reposición o pérdida.
En una ocasión, recuerda, esta persona llegó con una póliza de una camioneta doble cabina, color blanca y pagos de impuestos para que se tramitaran las placas, López lo envió donde el oficial Álvaro Parajón para que inspeccionara el vehículo, quien llenó la hoja de inspección sin revisar el vehículo al remitirlo a la oficial Marcia Téllez, pero ésta respondió que “la póliza estaba rara y que no lo iba a firmar”, lo que molestó al subcomisionado Luis Espinoza Umaña, jefe de Registro.
Alisson Melina Hernández, quien fue retirada de su cargo de tramitadora, como parte de las medidas policiales tras la investigación, asegura que los trámites de legalización de vehículos sin llenar los requisitos inician cuando se autoriza el trámite expedito al ciudadano, pues no requería ni de la autorización del comisionado Sánchez, jefe de Tránsito, ni del jefe de Registro, subcomisionado Espinoza.
En cuanto a la tramitación de licencias que no eran del departamento de León y a ciudadanos extranjeros, Hernández era quien tomaba los datos y la foto, luego los remitía a López, quien imprimía la licencia; cuando quería agregar alguna categoría a un menor, para evitar que el sistema lo rechazara, éste le establecía otro número de cédula.
Por todos los trámites que Hernández realizaba en el día, López le entregaba 400 córdobas. Pero, debido a que a ella reclamó por enviar trámites sin llenar requisitos, López empezó a asignarle tareas a otros tramitadores, dice en el informe de Auxilio Judicial.
Hernández señala que López empezó a emitir las licencias a menores, otorgar otras categorías sin requisito alguno cuando Zamora le empezó a ordenar que le entregara dinero. Lo que según Hernández llevó a un descontento entre sus compañeros, quienes decían que López los mandaba a realizar el trabajo pero el dinero lo entregaba a Zamora, y para calmarlos, su superior empezó a invitarlos a consumir licor.
En diciembre del 2005, antes de salir de vacaciones de Navidad, precisa Hernández, ella registró varios vehículos a los cuales les hacían falta algunos requisitos, como pago de impuestos, inspección mecánica, pago de seguros, y renovaciones de licencia sin pagos, y seminarios recibidos por los dueños de las mismas. “Todos esos trámites venían autorizados por el comisionado Edgard Sánchez, e incluso llegaban a la oficina de él unas mujeres de Nagarote, con documentos para trámites de vehículos y licencias de conducir, las cuales eran autorizadas por el mismo comisionado”, recuerda que también llegaba a realizar trámites de licencias el conductor personal de éste.
