El proyecto de ley y la realidad El proyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública señala que las empresas privadas e internacionales que reciben fondos o subsidios del Estado, también deberán brindar esos datos a los ciudadanos. Además, se obliga a cada institución a crear dependencias que tramiten y resuelvan las solicitudes de los ciudadanos. Algunos diputados han dicho que el proceso podría durar tres meses, luego de entrar en vigencia la ley. Los ciudadanos extranjeros también tendrán derecho a la información pública. Las solicitudes podrán realizarse por escrito, por correo electrónico y hasta verbalmente. En la actualidad, el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo, practica una estrategia de comunicación marcada por el secretismo Se conoce que los funcionarios no pueden brindar entrevistas si no tienen el permiso de Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. El mutismo gubernamental es tal, que ni siquiera los diputados conocen cómo avanza el proceso de remodelación de la Casa Presidencial Olof Palme. “Toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a solicitar y recibir información pública en forma completa, adecuada y oportuna”, dice el artículo tres del proyecto.

Los funcionarios que se resistan a brindar a los ciudadanos información de carácter público, podrían enfrentar sanciones de hasta dos años de cárcel, informó ayer el diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.

Pallais explicó que los diputados acordaron introducir un nuevo Capítulo al Código Penal, para castigar con dos años de cárcel a los personeros que retengan información pública.

“En el proyecto del Código Penal se está incorporando un Capítulo de los delitos en contra de la libertad de acceso a la información pública y se está sancionando con prisión de hasta dos años a los funcionarios públicos que desacaten esta ley, que no permitan el uso de la población, de los ciudadanos, de este derecho consignado en la Constitución, de tener total acceso a toda la información que genere el Estado”, precisó Pallais.

La medida sería adicional a lo que se estipulará en la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene años en la tubería legislativa y que podría ser discutida hoy, según manifestaron varios diputados.

Pallais indicó que la comisión que preside acordó una serie de mociones a un dictamen emitido el año pasado.

“Vamos a precisar mejor esta ley en el sentido de que hay que dejar claro la frontera de lo que es información privada y lo que es información pública”, explicó Pallais.

“Que toda la información generada por la administración del Estado sea pública, a excepción de la información que sea calificada como reservada y se establece un procedimiento para calificar la información reservada”, añadió el legislador.

Pallais manifestó que la información reservada será la relacionada con los sectores de la defensa, persecución del delito, los juicios internacionales de Nicaragua y también la estrategia de negociación de los acuerdos comerciales internacionales.

De esa manera, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional quedarán exentas de brindar información, debido a la naturaleza de sus funciones.

Los diputados han venido prometiendo que aprobarán la Ley de Acceso a la Información Pública desde julio del año pasado.

La iniciativa está en la orden de leyes a discutir por los legisladores y ayer representantes de las distintas bancadas anunciaron que hoy podría ser la aprobación del proyecto.