El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) presentó este viernes sus alegatos en contra de la distribuidora energética Unión Fenosa, iniciando así el proceso de arbitraje entre la institución reguladora del Estado y la empresa transnacional.
Tras otorgar 22 pliegos con más de 28 anexos de acusaciones en contra de Unión Fenosa, el director del INE, David Castillo, se mostró confiado en que el Estado ganará la querella en contra de la distribuidora.
El funcionario dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de darle la razón al INE en el caso de la tarifa, será clave a favor del Estado porque demuestra que la transnacional incumplió con sus responsabilidades de dar un buen servicio, a pesar de que se le autorizó el incremento tarifario.
El INE basó su demanda en seis puntos conocidos. El primero consiste en supuestos cobros ilegales de servicio de alumbrado público, por lo que se espera que Unión Fenosa reembolse a los usuarios que hicieron esos pagos.
El segundo indica que la empresa debe restituir las garantías vencidas a las generadoras de energía, así como cancelar las deudas que tiene con éstas para evitar los racionamientos.
El tercero busca aplicar descuentos tarifarios por presunta mala calidad del servicio en el año 2005, por interrupciones fuera de normas y sin aviso a la población. Esto costaría 2.5 millones de dólares.
El cuarto corresponde al descuento que Fenosa debería aplicar a los usuarios, por los racionamientos de mayo y abril del 2006. Lo que representa 2.5 millones de dólares.
El quinto tiene como objetivo dirimir el tema del mantenimiento de las redes, ya que el INE considera que no se les ha dado la debida atención, al punto que habrían ocasionado accidentes y hasta muertes.
El último requiere que el Tribunal Arbitral decida cómo se calcularán los desvíos, ya que en esto el INE y la transnacional no se ponen de acuerdo.
Unión Fenosa prefirió no hacer comentarios al respecto. La distribuidora tiene nueve días para presentar su defensa. Posteriormente se daría un juicio oral. El fallo estaría listo en unos 30 días.
El Tribunal arbitral que estudia el caso está compuesto por el árbitro César Vega Masís, propuesto por el INE; el español Fernando Manzanares, sugerido por la transnacional y Heberto Incer, elegido por la juez Primero de lo Civil, María Cristina Huete.
