Posiciones encontradas de sandinistas y liberales

El magistrado judicial liberal Edgard Navas, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, de la Corte Suprema de Justicia (CS), presentó ayer una “contrapropuesta” que protege a dos magistrados de Apelaciones señalados de corrupción y evita su destitución.

Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, miembros de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) fueron investigados después que otorgaron la libertad a un narcotraficante guatemalteco, sentenciado a diez años de presidio y además ordenaron entregarle los bienes ocupados, entre los cuales figuraba dinero, un cabezal y el furgón donde se encontraron más de 160 kilos de cocaína, y que constituían la evidencia en el juicio.

Estos hechos fueron catalogados como irregulares, por lo que siete magistrados sandinistas apoyaron la propuesta de destitución, no así los liberales que ahora buscan suavizar el castigo, moviéndolos a otra sede.

El proyecto de sentencia elaborado por Navas pasó ayer a manos de su homólogo Manuel Martínez, también miembro del Consejo, quien deberá emitir su criterio sobre el caso, y después será discutido por la Corte Plena.

La semana pasada el magistrado Martínez dejó entrever que su postura al respecto coincide con el criterio de Navas.

“Tenemos que operar un traslado o una movilización, una sacudida a nivel de magistrados de Tribunales para que roten y pasen a vivir otras experiencias en otras áreas”, dijo ayer el magistrado Navas, tratando de argumentar su propuesta.

“Vamos a proponer movilizaciones de un lado a otro, de lo Civil a lo Laboral, o a la Propiedad, o de Managua a Masaya, Granada, quizás a Estelí”, añadió.

Navas dijo que su propuesta no especifica hacia dónde pueden ser removidos los magistrados Lúquez y Briceño, no obstante fuentes judiciales indicaron que a lo interno de la Corte se habla de enviarlos al departamento de Masaya.

El magistrado se mostró confiado en que logrará obtener un consenso alrededor de la propuesta de trasladar a los funcionarios investigados. Sin embargo, el magistrado sandinista Francisco Rosales expuso que su posición al respecto no variará, pues a su juicio hubo anomalías serias en la actuación de ambos magistrados, que ameritan su destitución.

Para la destitución que recomendó el magistrado Marvin Aguilar, se necesitan doce votos, pero las posiciones aparentemente son encontradas entre los bandos liberales y sandinistas y en ese caso no existen los votos necesarios.