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(LA PRENSA/R.ORTEGA)
“No podemos estar pagando salarios de hambre”
Alejandro Bolaños Davis, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales del parlamento
Una de las metas de Alejandro Bolaños Davis, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Asamblea Nacional y diputado por la ALN, es lograr establecer en la presente legislatura un salario mínimo justo en el país. En entrevista con LA PRENSA explica por qué y adelanta los anhelos de la Comisión que preside
Amparo Aguilera
economía@laprensa.com.ni
Dice estar en su “charco”

Alejandro Bolaños Davis tiene 58 años. Aunque cuando se le pregunta la edad lo primero que dice e s que va para los 60 años.

Está casado. Tiene tres hijos y siete nietos. Estudió Administración Pública en California, Estados Unidos, y tiene maestría de Administración de Empresas en el INCAE.

Bolaños cuenta que ha sido docente, consultor y emprendedor, buena parte de su vida.

Hace 12 ó 10 años puse un centro de capacitación que se llama El Laurel, pero ahora no hago mucho trabajo allí porque me metí a político y a legislador”, refiere.

Reitera una y otra vez que siempre se ha identificado con “el interés y las necesidades” de los trabajadores.

“Por eso cuando caí en la Comisión de Asuntos Laborales caí en mi charco, caí en un área en que siento bien apoyando a los demás”, destaca.

Bolaños es sobrino de ex presidente Enrique Bolaños, pero afirma que nunca se benefició de la influencia de su tío.

“No ejercí ningún cargo cuando él fue el Presidente, me dediqué a mis actividades de consultor, de educador y de emprendedor”, reitera.

“En 1990 tuve una breve incursión en la política con doña Violeta Barrios, a mí me tocó diseñar y facilitar el proceso de concertación económica y social en sus primeras fases cuando doña Violeta triunfó y no la dejaban empezar su Gobierno”, rememora.

Dejó el mundo político por problemas de alcohol, hecho que según él ya superó.

Cuando se mira a Alejandro Bolaños Davis se nota a un “chele” con pinta de empresario y actitud de un político en plena tribuna. Lejos está de imaginarse uno que es un defensor de los trabajadores, especialmente de los que devengan un salario mínimo al mes.

“Muchos me estereotipan y dicen que porque soy chele o porque soy Bolaños no puede ser que yo esté abogando por los trabajadores”, dice durante la entrevista con LA PRENSA.

Luego agrega, “pero te puedo decir que son juicios faltos de críticas, son imágenes distorsionadas, yo en lo personal quiero contribuir a una justicia social en Nicaragua, a salarios dignos”.

¿Qué posición tiene la Comisión que preside, con relación al incremento del 25 por ciento en el salario mínimo que demandan los trabajadores?

Bueno, la comisión como comisión no tiene una posición definida en torno a la negociación que se está dando en el Ministerio del Trabajo (Mitrab), porque no nos corresponde. Yo tengo mi posición personal y pudiera aseverar que me respaldan muchos diputados de la bancada y es que estamos de acuerdo con la demanda de los trabajadores de un aumento salarial del 25 por ciento. Creemos que es factible pues y que pudiera darse. Yo en lo personal apoyo esa demanda.

¿En qué basa la decisión?

En la misma lógica que tengo en torno a la elaboración (de las mociones) de la Ley de Salario Mínimo, que es algo justo. Déjame contarte que desde el punto de vista de la conveniencia del país es moralmente justo hacer un buen incremento del salario mínimo en gran parte, porque los incrementos de salario mínimo que han ocurrido en épocas anteriores han sido insuficientes. Apenas han compensado el incremento inflacionario, o sea la pérdida del valor de la moneda. Entonces el trabajador ha perdido poder adquisitivo en los últimos tiempos. Entonces este 25 por ciento vendría a ponerse a la par, nivelar el sueldo. De modo que es moralmente justo hacerlo y es socialmente peligroso no hacerlo porque las demandas sociales y la urgente necesidad de ayudar a aliviar los problemas de pobreza que hay en el país, por lo menos en el sector laboral formal demanda que se responda de manera positiva a las demandas.

¿Pero técnicamente hablando es posible?

Es económicamente sufragable, es decir sí se puede pagar. Déjame ponértelo de esta forma: cuando hablamos de sueldo mínimo si vemos las estadísticas los asalariados del sector formal, según el INSS, apenas suman 441 mil trabajadores, frente a más de 1.6 millones ocupados totales en el país. De esos 441 mil, solamente el 5 por ciento devenga un salario mínimo legal, o sea 22 mil trabajadores. El sector informal que representa un poco más de 1.2 millones de trabajadores no tiene ninguna referencia con el salario mínimo, por lo tanto estamos hablando de una cantidad muy pequeña de la población que en realidad está sujeta al salario mínimo. La mayoría de la gente gana por encima del salario mínimo o sea que subirlo no va a tener el gran impacto sobre el empleo a como aducen algunos empleadores. Por otro lado se dice que el salario mínimo afecta la Inversión Extranjera Directa (IED) porque los salarios están altos y eso es totalmente falso.

¿Y cómo estamos con el istmo?

Mirá allí tenemos el caso de Costa Rica. Este país tiene un salario mínimo de 6 dólares diarios que equivale a 450 dólares al mes contra Nicaragua que son 85 dólares al mes. Entones si fuera cierto que la inversión se afecta por los buenos salarios en Costa Rica, que tiene un salario mínimo seis veces más grande que Nicaragua, no llegaría ningún inversionista extranjero y sería Costa Rica el país más atrasado de Centroamérica en términos de inversiones extranjeras, pero es al contrario: a Costa Rica llegan más inversiones extranjeras que en cualquier otro país de la región. Así es que yo no veo que un incremento sustancial del salario mínimo vaya a afectar la economía, que vaya a causar recesión. Tal vez haya un par de excepciones en el caso de Nicaragua.

¿Cuáles son?

Una son las empresas de vigilancia que tienen un altísimo componente en su estructura de costos que son salarios. Entonces a ellos los podría afectar sustancialmente un incremento salarial considerable. Y el otro puede ser, pero yo creo que en mucho menor grado, las empresas de maquila. Estamos terminando un estudio sobre el impacto del salario, en la Ley de Salario Mínimo, para ver el impacto. Por ejemplo en el agro un sueldo del 15 por ciento pondría el salario mínimo en 1,000 córdobas, con lo cual cubrirían el 28 por ciento de la canasta básica. Ahorita el salario mínimo del agro cubre el 25 por ciento de la canasta.

¿A qué aduce que el Gobierno y el sector privado insistan en que no es factible el ajuste de un 15 a un 25 por ciento?

Bueno entiendo que el Gobierno tiene un presupuesto que tiene un tope, y yo entiendo eso, entiendo también que el sector privado hace sus cálculos matemáticos y quiere maximizar sus utilidades y entonces todo aumento en sus gastos resta utilidades, pero también entiendo que tenemos que ser socialmente responsables con la población y que no podemos estar pagando salarios de hambre, y que tenemos que ser solidarios con los más necesitados.

¿Pero bueno de qué manera estarían o no incidiendo en que sea un ajuste digno porque la negociación está conllevando más tiempo del previsto?

Es que no tenemos incidencia. En la nueva Ley de Salario Mínimo (que está en agenda en la Asamblea Nacional) estamos contemplando mecanismos para evitar trabones en la negociación.

A propósito de la Ley, ésta ¿qué tanto avance ha tenido en términos de la creación de mociones que están trabajando en la Comisión?

Hemos consensuado varios de los artículos, tal vez la mitad. Estamos terminando de hacer varios análisis con economistas y yo creo que si camina bien la cosa, para fin de mes podríamos tener ya un consenso. Estamos esperando a ver cómo va a quedar la negociación de salario mínimo, porque una de las cosas que estamos queriendo hacer con el salario mínimo es que, en la nueva ley, se cubra con el sueldo mínimo el 50 por ciento de la canasta básica. Este es un anhelo, un elemento clave que queremos que la Ley contenga.

No puede ser que el salario mínimo no cubra para ciertos sectores más que un 25 por ciento de la canasta básica, eso no es humano. Moralmente y socialmente es inaceptable. Entonces es importantísimo que la Ley tenga un mejor nivel de apoyo y de contribución a las demandas mínimas que necesita una persona para vivir. Desde el punto de vista de la conveniencia para el país, es importante que el trabajador tenga un sueldo mínimo que le permita sobrevivir por lo menos.

¿Qué pasa con una reformulación de la canasta básica de 53 productos?

También cabe en la Ley, pero déjame decirte más elementos: hemos definido fijar la discusión del salario mínimo cada seis meses. Eso ya está consensuado. Consideramos que el sueldo deberá indexarse y anhelamos que cubra el ciento por ciento de la canasta básica en un futuro inmediato, no puede ser tres, cuatro o cinco años. Eso estamos por determinarlo. Ahora la canasta básica, de 53 productos, debe revisarse porque la que existe ahorita es una canasta que muchos llaman de guerra.

Esa canasta tiene un montón de productos que ya ni existen, ni se consiguen en el mercado. Entonces nos gustaría, por lo menos eso está en algunas de las mentes de los diputados, que se fije también el salario mínimo sobre una base de kilocalorías mínimas requeridas. Fíjate que la canasta básica de 53 productos del país apenas tiene 1,237 kilocalorías que es escasamente el 50 por ciento de las kilocalorías que necesita una persona para vivir por día. Una persona necesita 2,387 kilocalorías. Entonces la canasta básica que existe ahorita medio alimenta a una persona y tiene un montón de chereques que no tienen sentido. Esperamos que la Ley, con nuestras mociones, sea aprobada en junio próximo.

¿Qué otros puntos están en agenda de la Comisión?

Queremos pronto dictaminar la Ley de Habilitación Profesional para Procuradores Laborales y de Seguridad Social. Hay varias leyes dictaminadas ya por la Comisión y hay proyectos de Ley dictaminados que aún no se discuten en el plenario de la Asamblea Nacional uno de éstos es la Indexación del Salario Mínimo que lo estamos juntado con la Ley de Salario Mínimo, de modo que estamos con varios temas.

Combatir la pobreza con acciones inteligentes

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales del Parlamento y diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alejandro Bolaños, comenta que en la Comisión están atendiendo los casos de los despidos en el sector público, y el caso de los obreros de ingenios azucareros con insuficiencia renal crónica.

“Te puedo decir que contabilizamos 4,036 despidos en el Gobierno, la verdad es que este nuevo Gobierno de paz y reconciliación no tiene nada porque no entró (gobernando al país) con paz y sí (entró) con la tajona y el machete volando cabezas”, manifiesta.

Bolaños advierte que seguirán registrando más despidos en el Poder Ejecutivo. “Todo parece indicar que las cifras continuarán en aumento con los recientes despidos registrados en la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal)”, augura.

A la fecha la Comisión lo que hace es orientar a los trabajadores despedidos a que recurran a la vía administrativa o judicial para resolver sus casos.

“Eso es lo que podemos hacer: aconsejar y pedir explicaciones a los funcionarios (gubernamentales) que aún con invitación nuestra algunas veces no acuden a la cita”, recalca.

La Comisión también está atendiendo a docenas de personas con insuficiencia renal crónica para ver cómo se les ayuda.

“Estamos viendo con el INSS, con el Ministerio de Salud (Minsa), con el Ministerio del Trabajo (Mitrab, tratar de coordinar una estructura de apoyo a esta gente, aún que ha sido bien difícil que se pongan de acuerdo los entes de gobierno en esto”, comenta.

En relación al proyecto de unidad liberal entre José Rizo, quien fue candidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y Eduardo Montealegre, ex candidato a la Presidencia por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Bolaños dice que esa alianza es necesaria.

“Tiene que cuajar la alianza porque el 62 por ciento de la población la está demandando para que podamos regresar al camino de la institucionalidad y de la democracia porque ya nos desviamos con el Gobierno del comandante Daniel Ortega, en este Gobierno ya estamos incursionando en un territorio que viola la Constitución”, explica.

El parlamentario, por otro lado, aclara que desde sus funciones quiere romper con el mito de que solamente los ideólogos de la izquierda tienen soluciones contra la pobreza.

“Nada más equivocado, la solución de los problemas de la pobreza no es un asunto de izquierda o de derecha, ni de partidos políticos. La solución a la pobreza depende de acciones inteligentes: de crear confianza en el país, de crear infraestructura, gobernabilidad (entre otros)”, destaca el diputado conservador de la ALN.

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