Diez mujeres con enfermedades crónicas y que guardan prisión por tráfico de drogas pero en cantidades pequeñas gozarán del beneficio de régimen de convivencia familiar luego que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llegó a este acuerdo con autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

El magistrado Armengol Cuadra, presidente de la Sala Penal, informó que la decisión fue tomada el miércoles pasado y estas mujeres serán beneficiadas porque sufren enfermedades crónicas y han cumplido en un 70 u 80 por ciento las penas impuestas.

Silvia Calero Mercado, María Castillo Bravo, Argentina Cruz Mora, Fátima del Carmen Cuadra, Alicia García Núñez, Azucena Nicoya Espinosa, Rosa Poveda Flores, Paula Rojas Murillo, Eugenia Varela Aguilar y Vicenta Mercado Castillo, son las internas que padecen enfermedades crónicas recluidas en el centro penitenciario La Esperanza. El caso de Mercado Castillo es el más dramático porque se trata de una anciana de 72 años.

En todos los casos, las condenadas fueron procesadas por el delito de tráfico interno de estupefacientes; sus condenas oscilan entre cinco y ocho años de presidio y según los dictámenes médicos legales padecen enfermedades como diabetes, cáncer, asma bronquial, hipertensión arterial y en uno de los casos tuberculosis pulmonar.

La Sala Penal en pleno, recientemente, visitó el centro penitenciario, adonde atendieron los casos de 151 mujeres procesadas por ese delito.

“Después de eso vamos a analizar 60 casos más que también están con problemas de salud y que están en la misma situación y hay siete casos por otros delitos como hurto, robo, que también están con problemas de salud y han cumplido la mayoría de la pena”, indicó Cuadra.

La salida de estas reclusas corresponde a una primera etapa de revisión de casos y posteriormente serán analizados el resto para determinar cuáles ameritan ser beneficiados con el régimen de convivencia familiar.