Representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), expresaron preocupación por la parcialidad y retardación de justicia que impera en el país.
Los delegados del Cejil se reunieron con diversos sectores de la sociedad civil, en una visita que realizaron a Nicaragua.
Marcia Aguiluz, de Cejil, expresó que les inquietó los comentarios recibidos acerca de la debilidad institucional que existe en Nicaragua, y cómo esa situación repercute en el disfrute de los derechos humanos de la población, específicamente en lo relativo al sistema judicial.
“No podríamos afirmar que acá existe una administración de justicia que sea independiente e imparcial, y en ese sentido, es un derecho establecido en la Convención Americana, que todo mundo tiene derecho a que se respeten sus garantías judiciales y que tenga una tutela judicial.
“En un contexto como el actual, el hecho que se denuncie que no hay justicia imparcial e independiente, afecta a toda la población”, enfatizó Aguiluz.
Agregó que la información facilitada por diversos sectores es que en Nicaragua impera una justicia politizada, donde no existen garantías de que la persona común pueda acudir y obtener un juicio justo.
Entre las circunstancias que el Cejil considera ponen en evidencia la parcialidad de la justicia, figuran las sentencias que no se ejecutan o que se revierten sin mayores fundamentos, lo que afecta especialmente a mujeres, niños y clases más desprotegidas.
Aunque no especificó nombres, ya que lo presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Aguiluz menciona el caso de una figura pública, que durante años ha obviado la justicia, para no asumir una pensión alimenticia promovida por su ex compañera de vida.
Señalaron que el Cejil brindará el seguimiento y análisis respectivo de los casos identificados, para lo cual visitarán Nicaragua a finales de noviembre.
GOBIERNO INCUMPLE
En cuanto a casos concretos que ya litigaron y existen sentencias de la CIDH, como es el de Yatama (demanda contra el Estado por impedir su participación en elecciones regionales del 2002) y el despido de funcionarios de Aduanas en administraciones anteriores, Aguiluz afirmó que no hay voluntad del Estado para cumplir con lo resuelto por esa instancia internacional.
Es por esa razón que procederán a presentar un informe en la próxima reunión de la CIDH, ya que intentaron reunirse con funcionarios de Cancillería, que es la institución considerada como contraparte para conocer la disposición de hacer cumplir los fallos y no hubo respuestas de los mismos.
“Consideramos que el simple hecho de no recibirnos, nos indica que no existe voluntad de cumplir y de negociar”, indicó la litigante.
Dijo que el trabajo que mantienen en Nicaragua es continúo, y se pretende incrementar esfuerzos para coadyuvar que se fomente el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses. Este trabajo se manifiesta en el monitoreo de todos los aspectos vinculados a los derechos humanos de nuestro país.
El Cejil hace un balance de cómo ha manejado el gobierno el tema de derechos humanos.
