William Hurtado, el asesino del comentarista Carlos Guadamuz y Erick Stanley Volz, sentenciado a 30 años de prisión por el crimen de la joven Doris Ivania Jiménez Alvarado, ocurrido en San Juan del Sur el 21 de noviembre de 2006, fueron remitidos al Hospital Carlos Roberto Huembes de la Policía, tras sufrir diversos padecimientos, confirmó el jefe de Relaciones Públicas de esa institución, comisionado mayor Alonso Sevilla.
Junto a estos también fue remitido por litiasis renal y hernia incisional, James Marion Polen, condenado a 28 años de prisión en la Cárcel Modelo por violación y corrupción de menores.
El vocero policial confirmó que en distintas fechas han recibido solicitud de atención a estos internos por parte del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), debido a que sus casos no han podido ser atendidos en la Penitenciaría. Hurtado es atendido desde hace varios días en ese centro, al que llegó con una afectación cardiovascular y según Sevilla, está bajo proceso de recuperación y valoración médica para definir su estancia en ese centro asistencial.
Mientras, Volz ha sido remitido en varias ocasiones, pero ayer fue hospitalizado por antecedentes de asma bronquial, dolor abdominal intenso y problemas oftalmológicos.
Los internos hospitalizados están bajo custodia del SPN y a la orden de esa instancia, dijo Sevilla.
ESPERAN DECISIÓN JUDICIAL SOBRE REOS ENFERMOS
La Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, explicó que pese a que en los penales del Sistema Penitenciario Nacional albergan una importante cantidad de enfermos crónicos, aún esperan que sean los jueces quienes se pronuncien sobre su situación, dado que muchos de los reos cumplen penas por delitos relacionados con la Ley 285, o sea Ley de Droga.
La funcionaria manifestó que ya han solicitado a las autoridades judiciales que les otorguen libertad condicional, bajo el régimen de convivencia familiar, pues en estos casos ellos están impedidos de hacerlo.
“Les hemos solicitado a las autoridades judiciales que les den el régimen de convivencia familiar establecido por la ley, porque muchos de ellos están privados de libertad por la Ley 285. Nosotros como Sistema Penitenciario nos impiden darles esa convivencia, fue por eso que pedimos el auxilio de las autoridades judiciales”, dijo Morales.
También señaló que hubo un caso que debieron recurrir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que instruyera a una juez de ejecución de sentencia para revisar el caso de un privado de libertad en una difícil condición de salud, en vista que esta no respondía al llamado que le habían efectuado las autoridades del SPN.
Morales dijo que en ese caso aún están a la espera de que la misma juez proceda a ordenar la convivencia familiar.
