“Tarde o temprano, la verdad llega a saberse”. Y antes que se sepa por otros medios que no son los oficiales, o que se revele información delicada para el país o que sencillamente las cosas salgan a luz y el Gobierno quede en ridículo y con un estigma de secretista, lo mejor es colocar la mayor cantidad de información documental posible, dispuesta para que el público la sepa.
Todas estas premisas son las que rigen en forma general el funcionamiento de la Oficina del Historiador del Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Douglas Kraff, jefe de Estudios Políticos y Programas de Seguimiento de dicha oficina, cuenta que se tuvieron que vivir momentos bastante incómodos durante la historia norteamericana para poder estar claros de estas premisas.
LEY DURANTE GESTIÓN DE CLINTON
Fue finalmente en 1995, durante la Presidencia de Bill Clinton, que se decretó un fortalecimiento de la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés), estableciendo que después de 25 años, todo aparato gubernamental, incluyendo las agencias de seguridad estadounidense deben desclasificar y dar a conocer públicamente toda la información sobre las distintas acciones y decisiones ejecutadas y tomadas por la nación más poderosa del mundo.
LA DESCLASIFICACIÓN DE LAS “JOYAS DE LA FAMILIA”
El resultado más célebre a nivel internacional de esta iniciativa se supo hasta hace algunos meses. La desclasificación de documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia, mundialmente conocida por sus siglas en inglés (CIA), permitió conocer que ésta intentó matar al caudillo cubano Fidel Castro, usando a sicarios de la mafia estadounidense.
Haciendo salvedad en las diferencias entre los sistemas legales estadounidense y nicaragüense, el historiador señaló estos ejemplos al hacer hincapié en el paso positivo dado en nuestro país al aprobarse una Ley de Acceso a la Información, a la que valoró como muy bien estructurada, por lo que a su juicio lo que falta ahora son las estructuras legales necesarias para que este pueda ejecutarse favorablemente. Pronosticó que esto no será nada fácil.
“Falta dar varios pasos dolorosos sobre cómo manejar los dolores de cabeza que se van a dar para poder aplicar la Ley de Acceso en toda su expresión. Y mucho de esto depende de que la población haga uso de esta herramienta legal, diría que es lo principal para que esta se aplique”, sentenció el historiador.
La Ley de Acceso Ciudadano a la Información Pública fue aprobada el 16 de mayo de este año y publicada en junio en La Gaceta.
La ley tiene por objeto “normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas”.
