Montevideo (AIPE).— Desde tiempos inmemoriales, el Estado ha sido utilizado, por una minoría, como herramienta para vivir a expensas del resto de la población. Asimismo, la historia del desarrollo de las instituciones sociales ha sido una lucha constante por impedir el abuso del aparato gubernamental en beneficio de la burocracia.

Es indudable que la búsqueda de un mejor gobierno tuvo su punto culminante en “La Ilustración”, los siglos XVII al XIX. Fue entonces cuando se sentaron las bases que hicieron posible el surgimiento de sociedades de gente libre. Y lo absolutamente novedoso fue que tal libertad no era una concesión del soberano, sino el ejercicio de un derecho inherente a la propia gente.

No obstante, sería ingenuo sostener que luego ningún grupo trató de apoderarse del aparato estatal para medrar a costa de la ciudadanía. Pero encontraron un muro aparentemente infranqueable: el prestigio alcanzado por la democracia liberal.

Fue entonces que los políticos descubrieron que la perversión del lenguaje es un arma increíblemente eficaz para alcanzar sus objetivos. Así, conceptos altamente valorados como el de justicia, solidaridad, derechos, generosidad, etc., pasaron a significar, muy frecuentemente, todo lo contrario al significado original.

Veamos algunos ejemplos de mi país. En 1990, la izquierda asumió el gobierno departamental de Montevideo, la capital de Uruguay. Como forma de demostrar su “generosidad”, el intendente electo aumentó los sueldos a todos los empleados del municipio, a la vez que les rebajaba el horario de trabajo. Gracias a los buenos “sentimientos” demostrados, desde entonces Montevideo es gobernada por ese mismo partido político.

En 2001, mientras un tsunami económico y financiero hacía temblar al mundo entero, el entonces intendente Mariano Arana firmó un generoso convenio con el sindicato municipal que contemplaba ajustes de sueldo por inflación y demás medidas “bondadosas”. Arana es conocido por su afición a viajar. Desde que fue nombrado Ministro de Vivienda, en 2005, viaja al exterior, en promedio, una vez cada 67 días.

En el 2001 el PIB uruguayo cayó 3.4 por ciento, y en el 2002 11 por ciento más. Múltiples empresas privadas quebraron y el desempleo trepó cerca de 20 por ciento, pero los empleados públicos son inmunes, porque son “inamovibles”. El cinismo de políticos y burócratas parece no tener límites.