Costa Rica sigue involucrando el tema migratorio con el de seguridad y en su afán por combatir la delincuencia que vive el país pretende reforzar disposiciones migratorias que ayuden a controlar mejor el ingreso y estadía de extranjeros, sobre todo aquellos que pretendan o infrinjan la ley.
Un nuevo proyecto de ley del Gobierno, que busca un fortalecimiento integral de la seguridad ciudadana, se tramita en la Asamblea Legislativa y propone acciones para combatir la violencia y criminalidad, entre ellas reformar su legislación migratoria que reitera facultades directas a cuerpos policiales como la Policía Especial de Migración —la cual tendría rango de Fuerza Pública— para controlar mejor a extranjeros que tengan problemas con la ley.
“La Policía de Migración y Extranjería es el cuerpo policial con rango de Fuerza Pública, adscrito a la Dirección de Migración y Extranjería”, reza parte del proyecto que tramita el Legislativo.
Las reformas también le conceden nuevas facultades a este cuerpo policial, como llevar a cabo actividades preventivas y de investigación “que desestimulen la violencia y criminalidad en materia migratoria”.
Cabe señalar que la actual Ley de Migración faculta a la Policía Migratoria para revisar directamente unidades de transporte nacional e internacional, hoteles, pensiones, casas de alojamiento y de huéspedes, centros de trabajo, sitios de diversión y espectáculos públicos para buscar ilegales.
El texto tajantemente dice que “el aumento constante de la migración, aunque genera aportes positivos al desarrollo nacional, obliga también a su adecuado control y regulación, de manera tal que no afecte variables fundamentales de desarrollo como lo son el acceso de la población a los servicios básicos, la calidad del empleo, la integridad de la política salarial y la seguridad de los habitantes del país”.
El nuevo proyecto concede “facultades discrecionales” al Ministerio de Gobernación y Policía para expulsar a un extranjero del país, “cuando se considere que sus actividades comprometen la paz, la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público”.
Otra medida drástica que pretende Costa Rica en su lucha contra la inseguridad es que los extranjeros que sean deportados no podrán ingresar al país en 15 años, cuando la legislación actual concede un período de 10 años.
FUERTES CASTIGOS
También aumenta las penas carcelarias contra la trata y tráfico de personas. La actual legislación dice que las personas que incurran en estos delitos se exponen a condenas que van entre dos a seis años. Con las reformas se pretende que el castigo sea de 10 a 16 años.
Se espera que organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Costa Rica, hagan un pronunciamiento esta semana sobre estas reformas.
