Por más de 15 meses, el presidente nicaragüense Daniel Ortega ha violado uno de los derechos humanos básicos: la libertad de expresión.
Esta semana, cuando se conmemore el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, en Nicaragua habrá que reflexionar sobre ese derecho que costó conquistar y perdemos poco a poco ante una nueva dictadura.
El mensaje del director general de la Unesco, Koichiro Matsuura, con motivo de esta fecha, destaca que las amenazas, la intimidación y la violencia física contra los periodistas, por su labor, “vulneran los derechos humanos de las personas” y “obstaculizan la libre circulación de información precisa y fiable, que es uno de los pilares de la democracia y el buen gobierno”.
Precisamente, la reciente acusación de una organización progubernamental contra LA PRENSA se originó porque activistas del presidente Ortega golpearon a un periodista de este medio. Como el periódico denunció el atropello y señaló a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como los agresores, le cayó la demanda y fue condenado por un juez parcializado a favor del Gobierno.
Queda comprobado que el régimen de Ortega está empeñado en callar a los medios independientes y, además, impedir que protesten y denuncien a quien les impide informar con libertad.
Esa política represiva afecta tanto a periodistas como a la sociedad en general, porque se va extendiendo como cortina negra y cada día quita más visión a los ciudadanos sobre lo que sucede en la administración pública.
Según Matsuura, “la libertad de prensa y el acceso a la información contribuyen al objetivo de desarrollo más amplio de dotar de autonomía a los ciudadanos, proporcionándoles la información que puede ayudarles a alcanzar el dominio de sus propias vidas”.
Luego explica que esa autonomía refuerza la democracia participativa “al otorgar a los ciudadanos la capacidad de tomar parte en los debates públicos y exigir cuentas a los gobiernos”.
Ortega hace lo contrario. Aunque habla con frecuencia de democracia participativa, sólo escucha a sus seguidores fieles, los que le adulan y aceptan a ciegas todo lo que él dice. Otras organizaciones de la sociedad civil, aparte de los CPC, para él son “imperialistas”, “oligarcas”, “agentes de la CIA”, cualquier cosa, mientras planteen ideas distintas a las suyas o le hagan preguntas incómodas.
Igual ocurre con los medios de comunicación. Según los parámetros del gobierno sandinista, los que repiten los discursos íntegros del Presidente y en ningún momento expresan dudas sobre sus declaraciones, promesas o planes, son “patriotas” y “profesionales”.
En cambio, los que analizan, investigan, preguntan y tratan de explicar a sus audiencias qué ocurre detrás de los discursos y la poca información que ofrecen las instituciones públicas, son “vendepatria” al servicio “del imperialismo”.
Pero el director de la Unesco dejó claro esta semana que “la libertad de prensa y la libertad de información son principios fundamentales del buen gobierno, el desarrollo y la paz”.
Ortega, mientras obstruya la libertad de prensa y niegue información a los nicaragüenses, de ninguna manera puede considerarse demócrata.
