Los últimos tres meses han sido pésimos para el Gobierno y le han aportado un enorme y creciente desgaste político, aún dentro de la militancia sandinista. El presidente Ortega ha creado una nueva crisis de gobernabilidad al tomar la inexplicable e indefendible decisión de suspender las elecciones en tres municipios de la RAAN. Esta acción ha creado zozobra innecesaria y dañina, ha paralizado a la Asamblea Nacional y ha manchado la imagen de su Administración a nivel nacional e internacional al poner en duda su compromiso con la democracia. Pero éste no ha sido el único error del Presidente. Nombró tres comisiones diferentes para renegociar los Cenis con dos bancos. Sin embargo, la fecha límite para efectuar los pagos de los Cenis —el 15 de abril— pasó y los Cenis no se han pagado. Es decir, las negociaciones que tenían meses de estar llevándose a cabo no han llegado a feliz término. Este fracaso socava la confianza de inversionistas en Nicaragua. Me pregunto, ¿cómo podrá Nicaragua colocar US$45 millones en nuevos bonos en el mercado este año, como tiene previsto el Programa Económico y Financiero del Gobierno, si el Gobierno no honra las obligaciones que ya tiene? Además, el no pago de los Cenis ha puesto en peligro el acuerdo que nuestro país tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tampoco se ha aprobado la ley anti-fraude en la Asamblea Nacional, condición para continuar dentro del programa con el Fondo. Esta demora, producto directo de la incapacidad del Gobierno de saber manejarse dentro de un marco democrático, podría tener consecuencias catastróficas para el país. Sin ley anti-fraude —por falta de gobernabilidad— no habrá programa con el FMI. Y sin acuerdo con el FMI, los US$110 millones en apoyo presupuestario previstos para 2008 —o al menos una buena parte de estos fondos— no se desembolsarán. Siguiendo con los errores, el Presidente —a través del Poder Judicial que claramente controla— condenó a Jaime Chamorro y Eduardo Enríquez de LA PRENSA por injurias. Este “logro” fue una victoria pírrica para el mandatario, ya que desenmascaró su deseo de callar a los medios de comunicación independientes. Además, de nuevo perjudica la imagen de la administración y su compromiso para con la gobernabilidad y un estado de derecho en Nicaragua. Y sin estos elementos esenciales de la democracia, una nación pequeña y empobrecida como la nuestra no podrá ganarse el respaldo financiero internacional, al menos de los donantes tradicionales. Y sin ese apoyo no puede ser viable. Al “convencer” Unión Fenosa a cederle aproximadamente 15 por ciento de las acciones en Disnorte y Dissur, el Gobierno se anotó otro cero. Demostró —a como lo hizo en el caso de ESSO el año pasado, que puede imponérsele a algunas grandes y medianas transnacionales. Pero esto contribuye a ahuyentar la inversión que Nicaragua necesita para dejar de ser la segunda nación más pobre del hemisferio. Y ¿que beneficios logró el Presidente al adquirir esas acciones? Muy poco. Ahora el pueblo maldecirá al Gobierno y no sólo a Unión Fenosa cada vez que se dé un alza más en tarifas o haya un apagón. La lista de reveses sigue y sigue. La falta de transparencia del Gobierno, el creciente rosario de escándalos, el espectro de un retorno al racionamiento de energía, una inflación que amenaza superar el nivel alcanzado en 2007 y que está muy por encima de las metas acordadas con el FMI, el raquítico desempeño económico que está pulverizando la población, especialmente la urbana, la subejecución del programa de inversiones públicas en el primer trimestre; todo esto —y más— apuntan a un Gobierno que no sólo no tiene un compromiso para con la democracia representativa sino que no está resolviéndole a la población los múltiples problemas económicos y sociales que son su principal preocupación y que los están ahogando. Como que si todo esto fuera poco, las relaciones de Nicaragua y Estados Unidos están entrando en una nueva fase. Cualquiera que está atento a este tema nota este cambio de actitud. Se “lee” en las declaraciones recientes del futuro embajador Callahan en su confirmación por el Senado en que exterioriza inquietudes en cuanto a las políticas del presidente Ortega en respuesta a preguntas de senadores Demócratas y Republicanos. Lo señalan también lo dicho por el Subsecretario de Comercio Padilla durante su reciente visita a Managua, al igual que en las declaraciones del Embajador Trivelli criticando la postergación de las elecciones en la RAAN. El pragmatismo podrá seguir siendo la base de las relaciones de Washington con Nicaragua, pero claramente la luna de miel, que duró 15 meses, se acabó. Es cada día más obvio que los Estados Unidos no le darán un “pase” o carta blanca a todo lo que hace y/o dice el Presidente.
Entretanto, los donantes que integran el grupo de apoyo presupuestario —y cuyo número, por cierto, se está mermando— analizan lo que está pasando. Y no han desembolsado ni un centavo de esta ayuda de rápido desembolso a Nicaragua este año. ¡Ni uno! Estas tendencias no son buenas para el Gobierno y son devastadoras para la población. Se pueden, sin embargo revertir, pero la responsabilidad primordial para efectuar un cambio de rumbo, para dar un golpe de timón, la tiene el propio Comandante Ortega, quien preside la nación (de allí viene el título de Presidente, que ostenta). Daniel tiene dos opciones. Puede dedicarse a mandar creando e intentando manejar crisis, pero esta es una fórmula segura para reventar al país. O se dedica a gobernar buscando el consenso y respetando el marco constitucional y democrático que tenemos. Este es el mandato que obtuvo en 2006 y ojalá sea el camino que siga. El autor es diputado del PLC, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.
