El Centro Humboldt criticó que las autoridades nicaragüenses, en particular el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), aún no se pronuncie sobre la aprobación de trabajos de minería a cielo abierto que, la semana pasada, autorizó el Gobierno de Costa Rica a tan sólo tres kilómetros del río San Juan.
“Hay un doble discurso de las autoridades, mientras hablan de promover y proteger los recursos naturales, por otro lado parecen estar a favor de proyectos mineros de alto impacto ambiental”, expresó Angélica Alfaro, responsable de incidencia de Humboldt.
La semana pasada Costa Rica levantó una moratoria que prohibía desde el 2002 la explotación minera en las riberas del río. A la vez autorizó a Industrias Infinito S.A. realizar trabajos relacionados con la búsqueda de oro en el sector de Las Crucitas.
Aunque esa noticia ha caído como un “balde de agua fría” para los grupos ambientalistas de ambos países, las autoridades gubernamentales aún guardan silencio. La explotación minera cercana al río significa un peligro inminente de contaminación, debido a los químicos a usar o los sedimentos que puedan resultar de los trabajos de remoción del terreno.
Un comunicado que los protectores del ambiente emitieron, expresa que Nicaragua y Costa Rica incumplen el acuerdo suscrito el 14 de marzo de 2008, durante la VI Reunión de la Comisión Binacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se comprometieron a desarrollar mecanismos para el establecimiento y funcionamiento de corredores biológicos, entre las Reservas de Biosfera, para mejorar la vida de los pobladores.
En esa ocasión entidades públicas y privadas solicitaron la promoción de actividades productivas, coherentes con el desarrollo sostenible en el territorio fronterizo. Las autoridades gubernamentales aseguraron que pondrían en práctica ese tipo de sugerencias. “Aunque se dice que harán uso de técnicas modernas, no son recomendables esos trabajos en la zona, nunca falta un accidente, el Gobierno debe pronunciarse de forma oficial”, dijo Alfaro.
LA PRENSA desde la semana pasada ha buscado a las autoridades del Marena para que respondan a los señalamientos de los ambientalistas, pero han callado.
