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El acuerdo que el gobierno firmará con Unión Fenosa intentará poner fin a los constantes roces entre ambos. (LA PRENSA/ARCHIVO)
“Cocinado” acuerdo con Unión Fenosa
Protocolo sería suscrito mañana y con él, Fenosa cedería al Estado el 16 por ciento de las acciones
El Estado se compromete a que la tarifa se ajuste a tiempo y a impulsar políticas para bajar los costos
Moisés Martínez
nacionales@laprensa.com.ni
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Los detalles del entendimiento

Éstos son algunos detalles del protocolo de entendimiento técnico tentativamente previsto a firmarse este miércoles, dado a conocer por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE):

El Estado de Nicaragua reconoce a la distribuidora eléctrica 15 millones de dólares en afectaciones por las situaciones particulares del país (principalmente en concepto de tarifa no ajustada). Este monto fue agregado en la conciliación de deudas hechas entre Fenosa y el Estado, para poder determinar el saldo con el cual se pagaría el 16 por ciento de las acciones de la transnacional española que éste adquirirá. Este saldo final fue de 10.7 millones de dólares.

Unión Fenosa reconoce que hay necesidad de mayor inversión en las redes de distribución eléctrica. Se compromete a llevar a cabo inversiones por el promedio de 20 millones de dólares anuales, durante los cuatro años establecidos en el protocolo.

Unión Fenosa reconoce que hay problemas en la calidad del servicio que oferta, y que se tiene que elaborar —en coordinación con las otras instancias del sector— una nueva normativa de calidad de servicio.

La transnacional tiene que implementar gradualmente un proceso de legalización del servicio, principalmente en sectores populares y asentamientos. El cuatro por ciento de las pérdidas anuales de Fenosa se registra por la falta de pago de estos sectores. Cada año la empresa deberá disminuir un punto porcentual (por medio de la legalización) estas pérdidas.

El Estado se compromete, por su parte, a compensar a Fenosa este porcentaje de afectaciones producido por la falta de pago de estos sectores, por medio de un subsidio directo a la empresa, hasta que ésta culmine el proceso de legalización. Este subsidio será paralelo al que actualmente se mantiene para aquellos consumidores menores de 150 kilovatios. (Este subsidio está vigente hasta el 31 de diciembre de este año).

El Estado se compromete a proporcionar una ley que le permita a Fenosa combatir el fraude energético de grandes consumidores o el que se da en sectores de alta capacidad económica. Se refiere a la denominada ley antifraude energético, la cual se encuentra bloqueada en el parlamento, debido a la crisis política provocada por el Consejo Supremo Electoral al posponer las elecciones en tres municipios de la Costa Caribe.

No se incluyó

Un aspecto que no fue incorporado al protocolo de entendimiento entre Fenosa y el Estado, fue el proceso emprendido por el INE en contra de la transnacional por la muerte de ciudadanos, debido a supuestas fallas en el tendido eléctrico. Éstos seguirán su curso regular.

Todo estaría listo para que tentativamente mañana, después de meses de hostilidades, el Gobierno sandinista y la transnacional española Unión Fenosa finalmente firmen el protocolo de entendimiento técnico que regirá las acciones de ambas partes en los próximos cuatro años, en búsqueda de la estabilidad financiera en el sector energético.

David Castillo Sánchez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador del sector eléctrico del país, aseguró que este acuerdo está “muy balanceado” y que establece mayores compromisos por parte de la transnacional española.

El funcionario adelantó a LA PRENSA algunos detalles del acuerdo, importante para la bienandanza del sector eléctrico nacional y que, para variar, ha sido manejado por el Gobierno con el secretismo que caracteriza a la administración del presidente Daniel Ortega.

La firma del protocolo de entendimiento viene acompañada de varios acuerdos entre los que está que el Estado reconocerá la tarifa real del costo de la energía.

El primer acuerdo es el traspaso del 16 por ciento de las acciones de Fenosa Nicaragua al Gobierno. Este porcentaje accionario es parte del capital español en la empresa, que representa un 80 por ciento, mientras el otro 20 por ciento está en manos de socios nicaragüenses vinculados al consorcio Pellas.

Los otros acuerdos se refieren al fin del proceso de arbitraje emprendido por el INE en el 2006 contra Unión Fenosa, aduciendo incumplimiento de inversiones y mala calidad del servicio. Del lado de la transnacional, ésta pone fin a su reclamo del seguro por riesgo político por más de cien millones de dólares ante la Agencia de Garantía Multilateral de Inversiones (MIGA por sus siglas en inglés), instancia adscrita al Banco Mundial.

Castillo aclaró que estos acuerdos paralelos tienen que ser aprobados por el plenario de la Asamblea Nacional, para que sean compromisos de Estado y de esta forma ambas partes echen pie atrás a los procesos legales emprendidos.

“Bajo ese esquema de negociaciones, todo ese cuerpo de acuerdos es bajo una posición de Estado. Eso es lo que la Asamblea va a discutir. Si el parlamento acepta o no ese acuerdo. Si en un dado caso la Asamblea lo rechaza, el INE con su autonomía estará en la obligación de usar todos los mecanismos a su alcance para obligar a esta empresa a cumplir con sus compromisos”, afirmó Castillo.

“En términos generales, los acuerdos están muy balanceados. Están protegidos los derechos del Estado, protegidos los derechos de los consumidores y es lógico que los inversionistas sientan que alguno de sus derechos también se los están protegiendo, pero la mayor parte de compromisos está de parte de Unión Fenosa”, añadió Castillo.

RECONOCERÁ TARIFA REAL

Un round para Fenosa fue el asunto tarifario. El protocolo de entendimiento establece que el Estado y, en todo caso, el mismo ente regulador, deberá reconocer a la distribuidora eléctrica en su momento el costo real de la tarifa. Esto para evitar que se sigan padeciendo los famosos “desvíos tarifarios”, concepto por el cual Fenosa reclamaba un poco más de 40 millones de dólares.

Los desvíos tarifarios son las diferencias entre el valor del kilovatio reconocido por el INE y el costo real de éste en el mercado energético nicaragüense. Dado que la matriz de la generación energética del país depende en un 80 por ciento de los derivados de los hidrocarburos para operar, el costo real del kilovatio siempre era mayor que el reconocido por el INE. Esto se ha ido revirtiendo con los últimos aumentos en la factura de energía que el INE ha aprobado a Fenosa entre noviembre del 2007 y febrero de este año.

“El protocolo establece que el Estado se tiene que comprometer a que la tarifa se ajuste a tiempo y a la vez se compromete a impulsar políticas para bajar los costos de la energía y así el valor de la factura disminuya para que la energía baje”, indicó el presidente ejecutivo del INE.

Para el funcionario, las medidas establecidas en el protocolo son tan claves para la estabilidad del sector energético, que deberían ser aplicadas existiese o no en el país la presencia de Unión Fenosa.

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