|
|
|
|
 |
|
Yader Luna y Ludwin Loáisiga |
|
|
|
|
Un grupo promotor de reformas electorales, integrado por catorce organizaciones de la sociedad civil, presentó ayer un paquete de reformas “profundas” a la Ley Electoral vigente, con el fin de mejorar las “reglas del juego” de este sistema. El reto de las organizaciones es que las mismas sean discutidas, aprobadas y puestas en vigencia para las elecciones regionales del 2010, cuyo proceso inicia el próximo año.
Pero una hora después de esa presentación, el diputado liberal y primer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, declaró que aunque las reformas son necesarias, no es “un grupito de gente” el que va a “imponer su criterio.
Las reformas propuestas por el grupo pretenden, entre otras cosas, mejorar la calidad de la democracia participativa, construir un sistema electoral más incluyente, establecer la regulación del financiamiento a los partidos políticos para sus actividades permanentes y de campaña electoral, mejorar la administración y transparencia de las elecciones y la profesionalización de las estructuras electorales y establecer límites para la campaña electoral.
Luego de la reunión del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Navarro coincidió ante los medios de comunicación en la necesidad de impulsar reformas a la Ley Electoral, pero dijo que no comparte que deban tomarse en cuenta las consideraciones que esos sectores proponen para realizar las modificaciones a la legislación electoral.
NAVARRO MINIMIZA
“No necesariamente los cambios que está proponiendo un grupito de gente que se reúne en cuartos con aire acondicionado, perfumados, que vinieron de Estados Unidos y que quieren imponer su criterio aquí, las reformas tienen que darse”, criticó el diputado, para quien las mismas deben darse “consultándolas con la gente que realmente ha estado en este país” y “no a monos sabios de otro lado o monos sabios nicaragüenses que (vienen de) afuera a decirnos qué es lo que tenemos que cambiar”.
El grupo promotor de las reformas está integrado por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Ética y Transparencia (EyT), la Coordinadora Civil (CC), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Hagamos Democracia, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Movimiento por Nicaragua (MpN), el Grupo Fundemos y otras organizaciones locales.
Mauricio Zúñiga, del Ipade, aseguró que “una reforma de profundidad a la Ley Electoral arrojará grandes beneficios” para la democracia nicaragüense y corregirá los vacíos de ésta, según la propuesta que “resultó de consultas con la población nicaragüense”.
Algunas de estas propuestas son: establecer procedimientos para lograr el decreto legislativo cuando la iniciativa de plebiscito o referendo sea solicitada directamente por el pueblo, fijar una base mínima de participación del cincuenta por ciento de mujeres y el diez por ciento de los jóvenes en la lista de los candidatos a elegir.
También, restablecer el derecho a presentar candidaturas de suscripción popular para participar en elecciones municipales y regionales, actualizar la cantidad de diputados que deben representar a cada departamento y región, elegir a los candidatos según preferencia y no el orden de una lista presentada por los partidos políticos.
Navarro coincidió con el grupo en que debe revisarse lo relacionado a la incorporación de los Consejos Electorales Departamentales, Municipales y Regionales, así como las Juntas Receptoras de Votos, que en este momento, son integradas por las fuerzas políticas del primer y segundo lugar según los resultados electorales.
El diputado agregó reducir el número de magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CESE), que actualmente es de diez: siete propietarios y tres suplentes. Además de no permitir que el presidente del Poder Electoral pueda integrar a los suplentes para establecer quórum, como resolvió la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante resolución.
El grupo propone crear un Consejo Consultivo Electoral integrado por miembros de los partidos, exigir a los partidos que rindan cuentas sobre su financiamiento y reducir las campañas electorales.
