Aunque se ha hecho costumbre definir pobreza y miseria en términos de la capacidad o necesidades de consumo, Nicaragua como país es pobre por carecer de la capacidad y de las oportunidades de producir riqueza por medio del empleo productivo de sus habitantes. Esto en gran parte tiene que ver con el bajo nivel de educación y formación, pero resulta que aún para los que lleguen a la cima de la formación, el título universitario como profesional, no hay suficientes oportunidades. Según censo 2005, hubo 151,301 profesionales con título universitario, de los cuales 115,031 tenían trabajo regular, quedándose 36,184 o el 24 por ciento sin empleo fijo.
Destaca el desempleo en carreras vinculadas con el turismo: de 2,536 titulados solamente 1,331 encontraron empleo, mientras 1,205 ó el 48 por ciento se quedaron. En carreras vinculadas con las Tecnologías de Información y Comunicación, hubo 10,677 titulados, de los cuales 7,770 tienen empleo, mientras 2,904 ó el 27 por ciento se quedó sin empleo. Las cifras para Administración de Empresas y áreas vinculadas y para Contaduría y Finanzas son similares. Las áreas mencionadas representan a más que un 40 por ciento de los titulados y estudiantes activos respectivamente, o sea la situación tiende a agravarse en los próximos años.
¿A quién le corresponde semejante situación? Hay quienes argumentan que el país necesite más técnicos y más obreros calificados y no más profesionales, sin embargo los universitarios en este momento representan menos que el 2.5 por ciento en la pirámide de formación, mientras países con mayor desarrollo apuntan al 25 por ciento y más y por el otro, como lo muestra de nuevo el censo, la situación del desempleo es aún mucho peor para los sin título universitario.
Hay quienes reclaman al Gobierno o más general al Estado, sin embargo los actores de la formación universitaria —las 10 universidades miembros del CNU y las 48 autorizadas por éste— gozan de autonomía garantizada por la Constitución, igual el sector privado goza de la libertad empresarial siendo el empleador más importante. Al fin la Constitución garantiza el libre ejercicio de las profesiones. Por tanto no es culpa del Estado, mucho menos de los gobiernos, que hay un aparente divorcio entre la oferta formativa de las universidades y la capacidad del sector privado de aprovecharse de esta oferta.
Según la Ley de Autonomía de las Instituciones de la Educación Superior, elaborar y coordinar la política nacional de la Educación Superior del país le corresponde al CNU. Ya anoté en una otra columna, que en lugar de cumplir el mandato de la ley, el CNU lo ha convertido en un negocio, su negocio.
Esto no cambiará el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación creado por la Ley General de Educación. La misma ley reafirma en su artículo 48 la vigencia de la Ley de Autonomía, a pesar de muchas contradicciones sistémicas entre ambas leyes, entre ellas que le sigue correspondiendo al CNU autorizar nuevas universidades mientras el CNEA solamente puede acreditar y evaluar su programa. ¿Qué si el CNU autoriza, pero el CNEA no acredita o viceversa? Ambos bandos, las universidades del CNU y las fuera del CNU, no quisieron tocar el meollo del asunto, la reforma integral de la Ley de Autonomía, donde para ambos la afluencia abundante de estudiantes a las carreras mencionadas representa ingresos sustanciales al margen de la ley vigente.
Sin embargo, la responsabilidad incumplida con los resultados fatales mencionados al inicio, le toca también a las organizaciones empresariales —COSEP y sus organizaciones afiliadas, otras cámaras y asociaciones gremiales—, quienes en 18 años no han sido capaces ni siquiera de pronunciarse por escrito sobre la formación profesional, de establecer una colaboración gremial sistemática para con las universidades ni hablar. Lo que hay, cuando mucho, son iniciativas de algunas empresas o grupos de empresas, no del empresariado como tal.
Les toca responsabilidad incumplida también a los propios profesionales. De los cuatro grupos de carreras de mayor demanda —Administración de Empresas, Leyes, Tecnologías de Información y Comunicación, Contaduría y Finanzas— solamente los contadores y los abogados cuentan con asociaciones profesionales, y solamente el gremio de los contadores supo incidir en la formación universitaria.
En fin, Nicaragua optó por un marco constitucional garantizándoles autonomía, respectivamente libertad en el ejercicio a universidades, empresas y profesionales, opuesto al modelo del estado dictatorial, sea de la derecha, sea de la izquierda. A pesar de su rol clave para el desarrollo de la capacidad de producir riquezas, ninguno de los 3 supo en los 18 años pasados cumplir con las responsabilidades que vienen con esta autonomía respectivamente libertad, mucho menos colaborar efectivamente entre ellos mismos. Estos 3 grupos representan a la vez, a los con mejor educación y en la mejor situación económica propia. No deben sorprenderse entonces si las masas menos favorecidas votan por caudillos como supuesta solución.
