La semana pasada se conoció que el Ministerio de Educación incluirá en el programa de educación secundaria el estudio sobre historia y principios del FSLN y de sus organizaciones de fachada denominadas Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Se trata de una actitud además de arbitraria insólita, puesto que como es bien sabido la calidad de la educación pública descendió de manera lastimosa el año pasado, que fue el primero del Gobierno de Daniel Ortega. Así quedó demostrado con los deplorables resultados de los exámenes para el ingreso a las universidades públicas, en los que fue reprobada la gran mayoría de los aspirantes.
Lo que cabía esperar, entonces, era que los mandos del Ministerio de Educación tomaran medidas para reforzar la enseñanza sobre todo de materias como Matemáticas y Español, en las cuales demostraron más debilidades los nuevos bachilleres. Sin embargo, en vez de reforzar esas disciplinas se están incluyendo materias de propaganda política y adoctrinamiento ideológico sobre el FSLN y los CPC. O sea que lo que quieren las autoridades de este Gobierno no es mejorar el nivel educativo de los estudiantes, que es lo que necesitan de manera apremiante ellos mismos, sus familias y el país en general; lo que quieren los sandinistas orteguistas es deformar la conciencia de los jóvenes, robotizarlos con una ideología sectaria que inocula odio de clases y de partidos, y divisiones entre las personas e incluso entre las familias y los hermanos.
Es oportuno recordar que en 1990, después que se instaló el primer gobierno democrático que sucedió a las dictaduras somocista y sandinista, las nuevas autoridades de Educación Pública incluyeron en el programa de Moral y Cívica el estudio de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios de acuerdo con la fe cristiana. Pero la reacción de los sandinistas encabezados por Daniel Ortega fue furiosa y desestabilizadora. Y en todo caso, la presidenta Violeta Barrios de Chamorro entendió que de alguna manera se podría estar violando el artículo 124 de la Constitución, según el cual “La educación en Nicaragua es laica”, de manera que la materia de los Diez Mandamientos fue retirada de los programas para primero y segundo grado de Primaria, que eran en los que se estaban enseñando.
La pedagogía de los Diez Mandamientos es mucho más moral que religiosa. A todos los padres de familia de cualquier religión que sean, o libre pensadores e incluso ateos, si son personas normales les interesa que sus hijos aprendan principios éticos y normas morales que les enseñen y les ayuden a ser personas de bien. Sin embargo, la Administración de doña Violeta atendió debidamente aquella protesta de los sandinistas, como le corresponde hacerlo a un gobierno de talante democrático.
Cabe recordar también, que en aquellos mismos años del comienzo de la reconstrucción de Nicaragua y el establecimiento de las bases de la democracia, se quiso incluir como materia de estudio un texto de historia, en el que se exponían tal y como ocurrieron las acciones revolucionarias y la guerra de los años ochenta, así como la información sobre la piñata sandinista, que dio origen a la nueva oligarquía “izquierdista” de Nicaragua. Pero la reacción contra aquel texto de historia fue también furiosa; y el FSLN y Daniel Ortega, que en aquellos tiempos gobernaban “desde abajo” mediante las asonadas y el chantaje político, obligaron al Gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro a retirar el controversial texto de historia nacional contemporánea.
Ahora, los mismos que se opusieron a la enseñanza de los principios morales de los Diez Mandamientos y la información sobre la piñata sandinista, quieren imponer el estudio de una ideología partidista, alienante y sectaria, sin duda que con el propósito de deformar la conciencia de los jóvenes y convertirlos en dóciles instrumentos de una nueva dictadura autoritaria.
Ante esta situación la pregunta obligada es: ¿van a permitir las fuerzas democráticas parlamentarias y extraparlamentarias, políticas y sociales, de los partidos y la sociedad civil, que se imponga una “educación” sectaria que violaría flagrantemente los principios democráticos de la educación pública contenidos en la Constitución Política de la República y en la Ley General de Educación?
Por ahora quedamos en espera de la respuesta.
