Buzos, cayuqueros, pequineras y beneficiarios indirectos de la pesca de langosta por el sistema de buceo, realizaron una marcha por las principales calles de esta ciudad caribeña, portando mantas y pancartas con mensajes contra la Ley de Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas a la Actividad del Buceo, conocida como la Ley de Pesca, que manda a suspender el buceo durante tres años.
La referida ley entró en vigencia el 17 de enero del 2008 y entre otras medidas obliga a los empresarios del sector a instalar en cada embarcación langostera una cámara hiperbárica, cuyo valor supera los 100 mil dólares, equipos de buceo y regular el tiempo de inmersión de los buzos, así como la suspensión de la actividad durante tres años.
Pero, más que las medidas, la principal preocupación de los afectados es la suspensión de la actividad del buceo, pues es una de las principales fuentes de ingresos para los buzos, cayuqueros, pequineras y el sector comercio de la ciudad porteña.
Por ello, los manifestantes consideran que el Gobierno debe, antes del cierre definitivo del buceo, buscar alternativas viables para más de 15 mil personas que viven de dicha actividad en el Caribe Norte.
“El cierre del buceo crucificará a la población”, “la Ley 613 manda a morir de hambre”, “exigimos a nuestro líder Brooklin Rivera que, antes de cerrar el buceo, busque alternativas a los buzos”, fueron los mensajes que portaban en las pancartas los manifestantes.
Pero, aclararon que la protesta no es contra el Gobierno Regional ni la Alcaldía de Bilwi, es contra la Ley de Pesca.
ACUERDOS CON EMPRESARIOS
Pero, mientras decenas de trabajadores del sector pesquero se manifestaron ayer, LA PRENSA conoció que un importante sector de los empresarios aglutinados en la Asociación Pesquera del Atlántico Norte (APAN) se reunió con el director de Inpesca, Stedman Fagoth Müller, y el coordinador del Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe, Lumberto Campbell, y llegaron a acuerdos satisfactorios, según confirmó el nuevo presidente de APAN, Roy Foster Edwards.
Los acuerdos a que llegaron los empresarios con el Gobierno establecen que debe haber cumplimiento obligatorio de la ley por parte de los pescadores; a la vez, el Gobierno ofreció ayuda para los asuntos que no puedan cumplir los pescadores.
Asimismo, acordaron que conformarán una comisión, que estará integrada por miembros de APAN y funcionarios del Gobierno, que trabajará en los diferentes aspectos que señala la ley, para facilitar el trabajo y regulación del sector.
