La inseguridad y la violencia, junto a la pobreza y la exclusión social-racial, son los temas más urgentes de Guatemala. En la primera área, el recién inaugurado Álvaro Colom está enfrentando su primer desafío serio.
A un mes de tomar posesión, la ola de crímenes y la delincuencia tienen a raya al nuevo Ejecutivo, pese a los anuncios del flamante Presidente guatemalteco de una reducción proporcional del índice de delitos en un 3.44 por ciento en su primer mes con respecto a diciembre pasado. Es demasiado poco tiempo para decir si hay avances o no.
Como suele suceder en Centroamérica, se desvanece la ilusión de las promesas de la campaña y la fea realidad queda desnuda: el novel gobierno no tiene una estrategia clara de seguridad, aunque Colom dice que las metas de su “Plan de los 100 días” se cumplieron en un 25 por ciento.
Era de esperarse que en el tema de la seguridad es donde Colom chocaría con el primer reto de la realidad. Aproximadamente unos 5 mil asesinatos anuales fueron cometidos en Guatemala en los dos años últimos, el doble de los índices del año 2005. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) registra un promedio de 16 homicidios diarios.
El país vive en una crisis permanente de seguridad y no es posible resolver el problema al corto plazo, aseguran expertos y autoridades. Con sus propios recursos, tampoco se da abasto; fue por ello que se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual es formada por agentes extranjeros que trabajan con los nacionales para investigar y neutralizar a grupos clandestinos de poder.
En esta nación del istmo, las mafias se han incrustado más profundamente en las fuerzas de seguridad y en otras instituciones estatales; la vecindad con México y los nexos con el tráfico de personas complican aún más las cosas.
Poco se puede confiar en la justicia: ésta ha protegido a ex represores militares del conflicto armado del pasado, de ser juzgados en España por crímenes de lesa humanidad; a un año de distancia, no se ha podido dar con los autores intelectuales del asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlacen y de su chofer, un hecho ocurrido el 11 de febrero de 2007. Quizás nunca se llegue hasta ellos.
En las últimas semanas, trece buseros o sus ayudantes han sido asesinados principalmente en la capital. La Policía señala a las maras de extorsionar y asesinar a los transportistas. Activistas independientes acusan a sectores del partido gobernante, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de estar detrás de esos homicidios para desestabilizar en medio de una pugna de poder interna. Nadie ofrece pruebas.
Tres policías fueron arrestados por estar presuntamente ligados a la muerte de un ayudante y por haber torturado a otros dos.
Con frecuencia, los agentes de la Policía Nacional Civil son los bandidos mismos. El año pasado, la PDH recogió 256 denuncias de participación de policías en asesinatos, robos, secuestros y otros.
“Desafortunadamente, la Policía es parte del problema de la inseguridad y no una solución. Sostenemos que la Policía no solamente es parte del problema porque está participando en los hechos, sino también su organización los lleva a fracasar en su intento de prevención de los hechos delictivos”, ha afirmado Sergio Morales, el procurador de DD.HH.
Por ahora, miles de soldados y policías se movilizan en Ciudad Guatemala para proteger a los buses colectivos. Pero esto no es nada nuevo: lo hicieron los gobiernos de Oscar Berger y Alfonso Portillo. Además, se revive un fantasma de la época de la guerra: la confusión Ejército-Policía.
Una reciente iniciativa, asesorada por Chile, pretende mejorar las relaciones de policías y vecinos de comunidades para la disminución del crimen, creando confianza y colaboración. Pero, ¿cómo lograr éxitos si el personal está corrompido y no se reestructura el cuerpo como hay que hacerlo?
El Ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, dice que estudian declarar un estado de excepción tres de las llamadas “áreas rojas” del país, dos de ellas cerca de la capital. Una de esas tres zonas es el municipio de San Juan Sacatepéquez. Allí los grupos criminales patrullan abiertamente y hasta hacen detenciones ilegales.
La alta inseguridad le cuesta caro a Guatemala. El país ocupa el lugar 128 de 131 países evaluados en los renglones de crimen y costo de la violencia para los negocios del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2007. El último lugar lo ocupa El Salvador. En cuanto a credibilidad de la Policía, Guatemala está en el puesto 121. Esos indicadores restan efectividad a unas mejores credenciales económicas en otros ámbitos.
Cabe desearle suerte al presidente Colom. Por ahora, la violencia le sigue costando caro a Guatemala en términos humanos y materiales.
Analista de temas internacionales
