En la década de los ochenta, el año 1988 es el que muestra el mayor índice de emigración de nicaragüenses, sobre todo después de la Operación Bertha que, al devaluar y cambiar la moneda de forma sorpresiva, consiguió retirar el 20 por ciento del dinero en circulación.
En promedio 30 mil personas se fueron de Nicaragua cada año durante esa década, mientras gobernaba el Frente Sandinista (FSLN), pero en el año 1988 más de 40 mil nicaragüenses dejaron el país, indican investigaciones del economista Francisco Mayorga.
Contrario a lo que esperaba el gobierno de Daniel Ortega, la desmonetización del 14 de febrero de 1988 y el posterior ajuste económico trajeron más crisis a Nicaragua porque la economía se paralizó.
Algunos negocios quebraron en el Centro Comercial Managua, recuerda Alejandro Ruiz, propietario de Almacén Ruiz, quien después del cambio de moneda tuvo que reducir su módulo a la mitad, porque se le hizo difícil reponer la mercadería.
“Hubo dos golpes bajos”, afirma Ruiz, al relatar que dos días antes de la devaluación del tres mil por ciento llegaron compradores que arrasaron con las mercancías de ese centro comercial y las tiendas quedaron sin productos y con moneda que horas después perdió valor.
“Nosotros creyendo que estábamos haciendo la gran venta, porque mandaron a comprar pantalones, toallas, todo, y nos dejaron con el montón de córdobas, relata Ruiz, quien el sábado 13 de febrero cerró el almacén por una sospecha.
“Mandé a depositar un dinero al banco y no me lo aceptaron, cerraron el banco y eso me dio temor, un presentimiento, y cerré el negocio temprano y eso medio me salvó”, cuenta el empresario que después llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua. “Fue un caos, un golpe muy bajo que dejó a la gente en quiebra”.
A partir del 15 de febrero y durante tres días, cada familia y cada empresario podía cambiar de inmediato 10 millones de córdobas viejos que se le convertían en 10 mil córdobas nuevos, al quitarle tres ceros, lo que era equivalente a mil dólares.
El resto del dinero quedaba en los bancos, todos propiedad del Estado, sin garantía de valor ni fecha de devolución, y en el caso de los empresarios tenían que demostrar cómo habían obtenido el excedente.
AUMENTO SALARIAL EFÍMERO
Para compensar el golpe de la devaluación entre los asalariados, el Gobierno autorizó un aumento de sueldos de 400 por ciento, pero esa mejora tardó poco al evaporarse frente a las nuevas alzas de precios.
La revista Envío, vinculada entonces a uno de los principales asesores del Gobierno, el sacerdote jesuita Xabier Gorostiaga (q.e.p.d.), explicó lo que pasó en ese flanco: “Una inflación de 113 por ciento en la canasta mínima deterioró seriamente ese poder de compra de los salarios durante el mes que siguió” al operativo monetario.
“A la altura del 23 de marzo las mejoras percibidas por los obreros estaban carcomidas, dejando el poder adquisitivo real de los salarios aún más bajo de lo que era en diciembre de 1987. Después del primer mes, el mito de cualquier varita mágica ya había desaparecido”, indicó Envío.
Veinte años después, el ex Ministro de Planificación, Dionisio Marenco, afirma que la Operación Bertha fue más política que económica y considera que a la desmonetización le faltó soporte financiero.
“En lo económico no rindió sus frutos, sólo sirvió para hacer más manejable el sistema monetario... Fue como un triple salto mortal sin red, pero yo no creo que haya afectado tanto a la gente, tal vez a algunos que tenían mucho dinero”, comentó Marenco, quien hoy es el Alcalde de Managua.
Envío publicó en esa época el caso de la empresaria importadora Lipsia Vanegas, quien entregó en los puestos de cambio ocho mil millones de córdobas viejos, de los cuales le retuvieron 7,990 millones (99.8 por ciento) y le entregaron sólo 10 mil córdobas nuevos.
ADVERTENCIA DEL COSEP
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) emitió un comunicado cuatro días después de la operación, advirtiendo que era muy difícil detener la inflación económica de esa forma y, por el contrario, esta continuaría igual y quizás aumentaría.
Ortega ordenó a los Comités de Defensa Sandinista (CDS) que vigilaran a los comerciantes, para obligarles a vender los productos básicos a los precios que exigía el Gobierno, y si sospechaban que algún mercader acaparaba alimentos, se los decomisaban para distribuirlos al precio oficial.
Alejandro Martínez Cuenca, miembro del gabinete económico en 1988, tiene un mal recuerdo de ese método: “Cuando vos empujás un control de precios y hay disponibilidad (de mercancías), lo que pasa es que desaparece del mercado lo que tenés y entonces comenzás, como hacía aquí el gobierno en los ochenta, a decir ‘hay que perseguir a los agiotistas y para eso (están) los CDS’ y los CDS supuestamente controlaban a los agiotistas... No controlaron jamás nada, más bien hicieron que siguieran proliferando los mercados negros”.
La inflación continuaría, según el Cosep, porque la causaba la emisión de dinero sin respaldo de producción, con que el Gobierno financiaba el déficit fiscal. “El nivel de vida del nicaragüense empeorará; la devaluación hará que aumenten los costos de producción y por tanto habrá una mayor alza general de precios”, alertó el organismo empresarial.
En abril, dos meses después de introducir el córdoba nuevo, con un cambio oficial de 10 por un dólar, el presidente Ortega reestructuró el Gobierno, en busca de un ajuste que empezaba con la compactación de las instituciones públicas o el traslado de empleados del aparato burocrático al sector productivo, porque la mayoría de industrias y empresas agrícolas eran administradas por el Estado.
“A mí me pide Daniel Ortega que pase a la planificación”, relata Martínez Cuenca, entonces Ministro de Comercio Exterior. “El sistema (centralizado) de (Henry) Ruiz no estaba funcionando y a mí me piden echar a andar el plan de reestructuración”.
El gasto militar de Nicaragua se tragaba el 62 por ciento del presupuesto fiscal, y ni el jefe del Ejército, general Humberto Ortega, ni el Ministro del Interior, Tomás Borge, aceptaban reducir la planilla de sus instituciones, porque la contrarrevolución aumentaba sus campamentos insurgentes y nadie garantizaba todavía que se sentaran a negociar la paz, como hicieron después en Sapoá.
ORIGEN DE UNA CRISIS MAYOR
Al devaluar y cambiar la moneda, el gobierno sandinista provocó que los costos de las importaciones aumentaran, de un solo golpe, en 3,300 por ciento, pero el tipo de cambio para las exportaciones sólo subió en ciento por ciento.
Los costos de las empresas subieron mucho más de lo que aumentaron sus precios, recuerda Francisco Mayorga, economista del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) en 1988, institución que de inmediato organizó seminarios para analizar las nuevas condiciones económicas del país.
Mayorga recuerda que, después de conocer los costos que hacían algunas empresas y sectores económicos, él pronosticó que la inflación necesitaba elevarse a 15 mil por ciento para que la economía nacional lograra un nivel de precios estable.
“En realidad llegamos a tener una inflación de 42 mil por ciento”, dice el economista 20 años más tarde. “La reforma monetaria de febrero de 1988 provocó la hiperinflación más grande de América Latina y la cuarta hiperinflación en la historia del mundo”.
