La Fiscalía General de la República anunció que introducirá hoy una acusación ante los tribunales de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), por los sucesos violentos ocurridos en la finca El Encanto, en la Cruz de Río Grande.
Aún no hay detalles de la acusación, sobre la cual el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, ofrecerá información en conferencia de prensa, hasta hoy, mientras el fiscal regional, Gerardo Suárez, ejecuta la acción en Bluefields. Pero el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) demandó que la acusación esté dirigida a esclarecer plenamente los hechos.
Los sucesos sangrientos ocurridos el pasado 21 de mayo, en la finca El Encanto, dejaron tres personas fallecidas y un soldado herido, cuando una patrulla combinada del Ejército y la Policía incursionó a la propiedad en respuesta a una denuncia realizada por un vecino del lugar, a quien los propietarios de la finca anteriormente habían denunciado por supuesto abigeato.
En el lugar murieron Miguel Salazar, Santos Reyes y Marvin López. En su informe sobre el caso denunciado por los socios de esa propiedad, el Cenidh concluyó que la patrulla que acudió al lugar efectuó “ejecuciones arbitrarias”.
Las expectativas del Cenidh sobre esta acusación es “que logre llenar las responsabilidades que tiene el Estado ante semejante hecho, y que está contenido en el informe de esa organización de derechos humanos”, dijo Gonzalo Carrión.
“Que vayan dirigidas plenamente a esclarecer los hechos, como lo dijimos en el informe a que no dejen pizca de duda alguna, no dejen señales de impunidad, que se establezcan claramente las responsabilidades en todos los niveles”, pidió Carrión.
El activista de los derechos humanos, quien a los pocos días de ocurridos los hechos investigó en el sitio lo sucedido, señaló que según las conclusiones del Cenidh, “antes de los hechos, durante los hechos y después de los hechos se abusó de poder ”.
Carrión indicó que tanto los dueños como los familiares de las víctimas, el Cenidh y la sociedad esperan que el hecho no quede impune. “La satisfacción es para la sociedad nicaragüense aquí, porque estos delitos son una ofensa para la sociedad (...) que se actúe en correspondencia con el grave daño que se cometió allí, que fue la vida de los tres campesinos”, sostuvo el activista de derechos humanos.
