Cuando estalló en los medios de comunicación de todo el mundo la llamada “crisis alimentaria”, después de que los líderes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional hicieron un dramático llamado de alerta internacional, diversas voces autorizadas advirtieron que en Nicaragua esa crisis podría ser convertida en una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, y por lo consiguiente para ganar la batalla contra la pobreza.
En realidad, si la principal especialidad de Nicaragua es producir bienes agropecuarios; si hay grandes extensiones de tierra de distintas vocaciones que permanecen ociosas; si centenares de miles de personas sufren hambre y extrema pobreza en las áreas rurales por falta de trabajo y de producción de alimentos; si el desmesurado y desordenado crecimiento de las ciudades se debe precisamente a que la gente no encuentra medios de subsistencia en sus lugares de origen, ¿por qué, entonces, no comenzar a revertir esa deplorable situación y aprovechar la crisis alimentaria para comenzar a producir alimentos en gran escala, y hacer del rubro agropecuario el eje fundamental del crecimiento económico y del desarrollo de Nicaragua?
En esos mismos días, el presidente Daniel Ortega convocó a una cumbre regional en Managua sobre la crisis alimentaria, la cual fracasó por su falta de liderazgo internacional pero permitió que expertos empíricos y académicos reforzaran el planteamiento de convertir la crisis de los alimentos en una ancha ventana de oportunidades para el país. Por eso muchos nicaragüenses no se pudieron explicar por qué el presidente Ortega no fue a la Cumbre Mundial sobre la Crisis Alimentaria que se celebró en Roma, donde pudo haber promovido la obtención de recursos financieros a fin de impulsar el proyecto de hacer de Nicaragua una especie de granja y granero de Centroamérica.
Del mismo modo, tampoco ahora se encuentra una explicación racional al ataque del presidente Ortega a las microfinancieras, y su azuzamiento a los deudores morosos incluso a que cometan delito de secuestro para obligar a que les reestructuren las deudas como ellos quieren, o que se las condonen por la fuerza. En realidad, ¿cómo no va a comprender Daniel Ortega que las microfinancieras, aunque por su naturaleza jurídica y social no tienen como fin la obtención de lucro, sin embargo tampoco son entidades de caridad? Las microfinancieras no sólo tienen que recuperar el dinero de los créditos, sino también obtener determinados márgenes de utilidad —los que sin duda están señalados por la ley— que les permitan cubrir sus gastos administrativos. Además, las microfinancieras no captan depósitos del público, operan con recursos externos cuyas tasas de interés se han incrementado en los últimos dos años, precisamente por la mayor inseguridad jurídica e inestabilidad política que hay en el país, por el regreso de la viciosa cultura o costumbre del no pago y en general por el agravamiento de la crisis que trajo consigo el nuevo gobierno de Daniel Ortega.
Las microfinancieras desempeñan una función muy importante y necesaria para el país, en particular para las decenas de miles de personas y sus familias que se benefician con los créditos. Sin embargo el presidente Daniel Ortega las ataca y las pone en jaque, las obliga a cerrar operaciones o a suspender financiamientos en zonas agrícolas estratégicas. O sea que el mismo gobernante, cuya obligación es resolver o aliviar los problemas del país y de la gente, es el que pone en grave riesgo o condena al fracaso la producción de alimentos de este año, y de los que vienen, si es que Ortega sigue andando por el mismo camino de irresponsabilidad y anarquía.
Pero Daniel Ortega no está haciendo todo este desastre por ignorancia, o porque ha perdido la razón como creen algunos o muchos nicaragüenses. Lo que pasa es que quiere eliminar competencia para Alba-Caruna, que es la empresa financiera que se ocupa de sus negocios particulares y de interés partidista. Y fundamentalmente, de lo que se trata es de que Daniel Ortega quiere con su desgobierno agravar la crisis económica y atizar las contradicciones sociales y políticas, para crear una situación revolucionaria que según la “doctrina” marxista-leninista es indispensable para hacer la revolución, o mejor dicho para volver a destruir el país.
Y lo conseguirá, sin duda, a menos que las fuerzas democráticas se lo impidan.
