Sus vecinos las señalan como grandes activistas del Frente Sandinista (FSLN). Son parte del grupo de encargadas de vender los frijoles que distribuyen los Consejos del Poder Ciudadano y de las bujías ahorrativas.
Son las cinco mujeres miembros de los Gabinetes y Consejos del Poder Ciudadano que acusaron a LA PRENSA de haberlas calumniado con una nota publicada el pasado 20 de diciembre.
Cuando llega el presidente Daniel Ortega a La Fuente (barrio Ariel Darce) o hay alguna marcha del Frente, ellas son quienes supuestamente movilizan a la población para que acudan a escuchar los largos discursos del líder.
Casi todos los días se reúnen en la casa comunal del barrio La Fuente, donde funciona un pequeño preescolar. Son pocas, pero están involucradas en todas las actividades propagandísticas de su partido, según sus vecinos.
Las supuestas afectadas se identifican como Rosibel Lazo Pérez, María Nicolasa Pichardo, Teresa del Socorro Muñoz, Marcia Silva Marenco y Ana Lisbeth Villalobos Gutiérrez, quienes entablaron un juicio contra el director del Diario LA PRENSA, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal y el jefe de Redacción, Eduardo Enríquez.
La publicación se refería a la golpiza que le propinaron miembros de la seguridad privada del presidente Daniel Ortega al entonces periodista de LA PRENSA Jorge Loáisiga, durante uno de los actos nocturnos del mandatario.
LA PRENSA tituló “CPC con licencia para dar golpizas” y, según el defensor de las supuestas afectadas, Eduardo Mejía, ese titular les causó daño a sus representadas, pues fueron expuestas al ridículo y burla de la sociedad, porque en su vecindario las tildaron de “pandilleras”.
De acuerdo con las demandantes, se sintieron ofendidas porque ellas son parte de los Gabinetes y Consejos del Poder Ciudadano y según dijeron, en un escrito LA PRENSA supuestamente señaló a esa organización como asociación ilícita para delinquir o un grupo de pandilleros y delincuentes.
LA PRENSA visitó en La Fuente a los vecinos de las demandantes, para conocer si realmente la publicación de este Diario había dañado la reputación de estas personas.
VERSIÓN DE LOS VECINOS
“Eso no es cierto que les digan pandilleras, si más bien la gente les tiene miedo porque son de los CPC”, dijo uno de los entrevistados que, al igual que los demás, pidió el anonimato.
“Realmente la gente no las toma en cuenta. Ellas trabajan con el proyecto del preescolar, pero más que para la población, ellas trabajan para el Frente”, dijo una vecina a quien se le preguntó si realmente las demandantes trabajan en beneficio de la comunidad.
El preescolar del que habla la entrevistada es el que funciona en la casa comunal de La Fuente, la que también servía de punto de concentración para los buseros u otros grupos cuando organizaban huelgas en contra de los gobiernos anteriores al actual.
Conseguir entrevistados fue difícil, porque en las cercanías de las viviendas de María Nicolasa Pichardo, que sirve de Casa Base del sandinismo, según un rótulo que hay en el porche, y de Ana Lisbeth Villalobos Gutiérrez, la mayoría de las casas tienen pintas del FSLN.
No muchos hablaron. Una vecina sólo dijo: “Yo no puedo hablar ni en bien ni en mal de ellas. Muy poco hablamos, la verdad es que ella (Pichardo) nunca ha tenido problemas con nadie aquí en el barrio. Es cierto que es de los CPC, pero no le hace mal a nadie”.
Otro vecino, que dijo las conoce muy bien, indicó: “Habemos sandinistas que no nos gustan los CPC, porque son iguales que los CDS (Comité de Defensa Sandinista, de los años ochenta). Aquí en el barrio hay mucha gente que se ha metido a problemas con ellas y eso (acusación) es político, es para hacerle daño a LA PRENSA”.
“Estamos con LA PRENSA. Ellas (las demandantes) se meten en todo (actividades comunales), pero es para hacerle propaganda a su partido. Todos los días pasan por aquí para reunirse en el preescolar”, expresó otro vecino.
Aunque es obvio que las cinco demandantes son sandinistas y actúan en beneficio de su partido, LA PRENSA tiene evidencias de que la querella que las mujeres presentaron en su contra es motivada y financiada por la Secretaría del FSLN.
Una camioneta de lujo gris Nissan Frontier, placas M 067 153, la cual está vinculada a la Secretaría Departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es la que traslada a las demandantes cada vez que van a los juzgados de Managua cuando hay audiencias en contra de LA PRENSA.
LA PRENSA también descubrió que Yorlene Mendoza Solís, asistente del abogado de las querellantes, Eduardo Mejía, labora para la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional, según información encontrada en la página web del Poder Judicial.
La querella está siendo vista por el juez Celso Urbina, de supuesta tendencia sandinista, pero quien asegura que del caso de LA PRENSA sólo le interesa administrar justicia de forma imparcial, a pesar de que hasta ahora le ha denegado todas las peticiones que la defensora, Helga Asher, le ha realizado.
