El enfrentamiento verbal que protagonizaron esta semana los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuarezma Terán, del bando liberal, y Armengol Cuadra, de la bancada sandinista, es una muestra de la deplorable situación institucional y ética en la que se encuentra el Poder Judicial de Nicaragua. Tal como se informó ayer en LA PRENSA, el magistrado Cuarezma reveló que otro magistrado lo había amenazado con dispararle un tiro, y aseguró que algunos expedientes “se vuelven secretos”, o son engavetados, o “aparecen” en los cuartos de baño. Por su parte el magistrado Cuadra sólo atinó a decir que su colega Cuarezma desconoce el funcionamiento de la Corte y lo acusó de inventar injurias y de ser ineficiente en su trabajo.
Cuando las fuerzas políticas democráticas se unieron, en 1989, para derrotar a Daniel Ortega y el FSLN en las elecciones de febrero de 1990, juristas de la Unión Nacional Opositora (UNO) decían que prácticamente todos los problemas de Nicaragua comenzaban y terminaban en la justicia. Los juristas democráticos querían decir con eso que para resolver los problemas de la represión, la ausencia de libertades, las violaciones a los derechos humanos, el irrespeto a la propiedad privada, la injusticia social y jurídica, etc., era necesario hacer una transformación radical y moralizadora del Poder Judicial.
El Poder Judicial del régimen sandinista estaba impregnado de ideología marxista-leninista. No era independiente ni ecuánime. Administraba la justicia en beneficio de los “buenos”, que eran los sandinistas y sus amigos, y para castigar a los “malos”, que eran todos los demás nicaragüenses, particularmente los demócratas, los contras y los disidentes. La justicia sandinista era esencialmente injusta porque estaba partidarizada e ideologizada. Pero no era corrupta, o al menos no tanto como ahora, cuando ha superado los límites de lo imaginable.
Lamentablemente, el buen propósito que tenían los juristas de la UNO, de transformar y moralizar la administración de justicia, no se pudo cumplir; en parte porque el FSLN conservó una enorme cuota de poder estatal, judicial en particular, e impidió que la UNO hiciera la reforma de la justicia que se había propuesto. Pero también porque muchos de los juristas democráticos que ingresaron al sistema de administración de justicia, se corrompieron en el poder o ya eran corruptos desde antes pero no habían tenido la ocasión de demostrarlo. Y a partir del pacto de 1999-2000 de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, cuando éste gobernaba desde abajo y aquél era Presidente de la República, la corrupción en el Estado y sobre todo en el Poder Judicial empeoró hasta llegar a la situación vergonzosa que se advierte en los trapos sucios de la Corte, que dos de sus magistrados sacaron a luz esta semana.
De manera que ahora hay más razón que en 1989 para decir que todos los problemas de Nicaragua comienzan y terminan en la justicia. Pero habría que hacerse dos grandes preguntas: ¿Es posible renovar y moralizar el Poder Judicial? ¿O está la sociedad nicaragüense condenada a soportar para siempre el partidarismo, la politización y la corrupción de la administración de justicia?
En días anteriores, cuando el Movimiento Vamos con Eduardo y el PLC estaban negociando la formación de una alianza para participar en las elecciones municipales del próximo noviembre, se conoció que uno de los puntos de la discusión era la actitud que sus dos bancadas legislativas deberían asumir, cuando llegue el momento de renovar o sustituir a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en junio y septiembre de este año. Y la decisión que tomaron fue la de que van a actuar de común acuerdo cuando llegue ese momento. Como se sabe, ninguna bancada puede escoger magistrados porque se necesitan 56 votos. Los sandinistas sólo tienen 38 diputados, de modo que para nombrar a los magistrados necesitan ponerse de acuerdo con las otras bancadas, ante todo con la liberal. Esto significa que la próxima escogencia de magistrados le brindará una magnífica oportunidad al PLC para que comience a lavarse la cara, y se una con los otros grupos parlamentarios no sandinistas a fin de llevar a la Corte nuevos magistrados que no pertenezcan a ningún partido, que sean independientes, propuestos por las asociaciones de abogados y por las escuelas universitarias de Derecho.
Los trapos sucios no sólo hay que mostrarlos. También hay que comenzar a barrerlos.
