La situación enfrentada por nueve activistas que fueron denunciadas ante el Ministerio Público por supuestamente haber incurrido en delitos en el caso “Rosita”, así como el cese a la persecución política en contra de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil a través de mecanismos institucionales, son las principales demandas efectuadas por la Red de Mujeres contra la Violencia.
“No tenemos mucho que celebrar”, manifestó Irma Gutiérrez, quien recordó que el ocho de marzo se celebra entre discriminación, opresión y falta de oportunidades.
El pronunciamiento fue emitido dos días antes de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, este ocho de marzo. El mismo fue dado a conocer ayer por Mayra Sirias, una de las nueve denunciadas por haber incurrido supuestamente en anomalías en el caso de la primera violación y posterior aborto de “Rosita” por parte de su padrastro Francisco Fletes.
Sirias manifestó: “La persecución política contra las mujeres se evidencia en las nueve mujeres defensoras de derechos humanos, denunciadas injustamente por cumplir con el compromiso de acompañar los procesos que siguen las víctimas y sobrevivientes de violencia”.
“Nos han dicho que esta situación puede durar desde tres meses hasta 10 años, lo que pretenden es tratar de mantenernos en una situación de angustia, de tener control sobre nosotras”, apuntó Sirias.
La denuncia de ANPDH fue presentada en octubre del año pasado, y fue ratificada el 11 de enero recién pasado por su director ejecutivo, Roberto Petray.
Ante la fiscal auxiliar Mirna Siles Herrera, Petray presentó un denuncia en contra de María Luisa Molina Argüello, Juana Antonia Jiménez Martínez, Mayra Sirias, Jamileth Mejía Palma, Violeta Delgado, Ana María Pizarro, Martha María Blandón, Martha Munguía, Norla Norori Gutiérrez, por hechos cometidos en perjuicio de “Rosita”.
Petray señala que introdujo la denuncia por los delitos de encubrimiento de violación, asociación para delinquir, en contra de la administración de justicia y por apología del delito, porque existen presunciones fundadas en los hechos denunciados.
Sirias dijo que la Fiscalía sigue sin pronunciarse en torno a la solicitud que hicieron de que sea desestimada la denuncia presentada por la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) en contra de las nueve activistas.
“O bien, que aclare de una vez por todas que si defender los derechos de las mujeres es delito en este país”, señala el pronunciamiento.
VIOLENCIA ESTATAL
Pero además, estiman las integrantes de la Red de Mujeres, que la violencia contra las mujeres está presente en las instituciones del Estado, la que se ha agudizado al cerrar las puertas para el diálogo y la coordinación de acciones que benefician a las familias. “Al no garantizarse igual salario por igual trabajo por razones de género, y al no escuchar las voces que demandan sus derechos, sino más bien son reprimidas por exigir su cumplimiento”.
Por tanto, exigen procedimientos claros y expeditos en la implementación de leyes que amparen a la mujer en situaciones de violencia, así como políticas públicas para el ejercicio de una ciudadanía plena de las mujeres, en relación a sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
También reclama la Red de Mujeres, el reconocimiento a la mujer como agente económico activo, con las asignaciones presupuestarias acordes a sus necesidades. “El derecho a la igualdad, que por ser la mitad de la población merecemos y que por derecho propio hemos ganado”, señala el pronunciamiento.
Recuerda la organización femenina en su pronunciamiento, que en el país ese sector representa el 75 por ciento de la población económicamente activa y no existen políticas públicas que le garantice un empleo formal.
Sostienen que la violencia contra las mujeres de todas las edades se profundiza y “cada vez es ejercida de forma más brutal, con saña” lo cual — indican— se ve expresado en 10 asesinatos cometidos contra mujeres en los dos primeros meses del año.
