Elízabeth Romero y Maryórit Guevara G.
Pasados cuatro días de que la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, confirmara que William Hurtado, asesino del controversial periodista Carlos Guadamuz, está libre, bajo el beneficio del régimen de convivencia familiar extraordinario, la familia de la víctima no sólo está atemorizada, sino que exige una explicación.
“¡Qué alguien me informe!”, fue la petición de Adilia Guadamuz, hija de Carlos Guadamuz, quien rechaza la resolución del jefe de La Modelo, alcaide Óscar Molina.
Guadamuz y su familia fueron sorprendidos por la publicación de LA PRENSA, del pasado martes. La joven es profesional de la Medicina, por lo que exigirá que le presenten el informe de Medicina Legal, por el cual Hurtado fue beneficiado, para consultar con otros de sus colegas, y personalmente verificar “si realmente amerita que esté en su casa, conseguir que otro médico haga el peritaje, lo evalúe”.
En la información del médico forense se destaca que Hurtado presenta cardiopatía mixta descompensada, que le persiste de un accidente cerebrovascular, considerado además como factor de alto riesgo, como el bloqueo aurículo ventricular, y que, debido al estrés carcelario, no responde adecuadamente al tratamiento médico.
Bayardo Izabá, director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, sostuvo que la familia de Guadamuz puede hacer acciones legales, frente a esta situación, apelando ante el jefe de La Modelo, que emitió la resolución.
“Lo que tienen que pedir es que lo valore otro médico forense, o un médico particular especialista en enfermedades, y si ese otro médico determina otra condición de salud, inmediatamente pueden pedir que se revierta esa decisión y de rechazarlo pueden recurrir ante sus superiores”, dijo Izabá.
Por su parte, el diputado Enrique Quiñónez, presidente de la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, manifestó que, además de la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y el jefe de La Modelo, podrían citar a otras personas, entre ellos el forense José Abad Valladares, quien dictaminó al paciente, así como al director del Instituto de Medicina Legal.
Quiñónez mencionó que también solicitarán la valoración del reo beneficiado, el historial médico de hospitales, no sólo del médico forense, donde estaba recluido presuntamente de gravedad todos estos meses.
“Vamos a tomar en consideración a los organismos de derechos humanos, también, que le han dado seguimiento al caso de él”, indicó el parlamentario.
En este caso, manifestó abordarán “a todos aquellos que nos garanticen que esto no se vuelva a dar, si no, aquí vamos a ver el desfile de criminales en su casa, y es un mal precedente para la justicia en el país, que a tres años de haber cometido asesinatos atroces aparezcan libres en sus casas con convivencia familiar”.
Criticó que, con esta actuación, las autoridades intentan garantizarle los derechos humanos al reo, pero “se preguntó ¿dónde quedan los derechos humanos de los otros nicaragüenses?, y ¿dónde quedan los derechos humanos de una gran cantidad de privados que con enfermedades crónicas más graves, y con delitos más leves, están todavía en La Modelo? No miro ahí las prioridades del alcaide y de la Ministra”.
¿ORDEN PRESIDENCIAL?
Para el parlamentario, Molina otorgó ese beneficio a Hurtado por una orden. “Ningún alcaide se va a cerrar un caso tan delicado como ese, va a resolver, y que no contó con el aval y una orden superior y no me queda la menor duda de que vino del Presidente de la República”, sostuvo.
Quiñónez adelantó que podría solicitar la condena en la Asamblea Nacional, pues este tipo de actos lesiona la justicia en nuestro país, la dignidad y viola los derechos humanos de todos los nicaragüenses, al sacar a un asesino sin garantía para la población y poner en peligro la vida de la familia de Guadamuz.
“Tiene estrés carcelario, pero no ha demostrado arrepentimiento público al asesinato”, criticó Quiñónez.
