El ex presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Alfonso Dávila Barbosa, afirmó que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ocupan sus cargos debido a sus reconocidas lealtades a los jefes de los partidos políticos mayoritarios del país, refiriéndose al actual presidente sandinista Daniel Ortega y al ex presidente liberal Arnoldo Alemán Lacayo.
Dávila Barbosa lamentó que en definitiva los intereses partidarios marginan los principios bien señalados y ubicados dentro de la Constitución Política de Nicaragua sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema, a propósito de que este año 2008 se van elegir ocho nuevos magistrados de ese tribunal supremo.
De acuerdo con el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para ser magistrado se necesita entre otros requisitos ser un abogado de moralidad notoria y no haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía.
Dávila Barbosa sostuvo que los candidatos a magistrados deben tener dominio profundo de la Constitución y de todas las leyes en uso en Nicaragua, así como conocer muy bien la Declaración de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales.
También deben tener “un comportamiento social ejemplar y que lo distinga la ciudadanía como sujeto de seriedad, responsabilidad, devoto de la moral y con alergia a regalías que dañen su imagen y que repercuta en el Poder Judicial”, enfatizó el jurista.
Agregó que en Nicaragua existen abogados con notas sobresalientes que pueden ocupar el cargo de magistrado, pero el mecanismo institucional que se utiliza para elegirlos deja por fuera a mejores candidatos.
Dávila Barbosa no dudó en afirmar que actualmente existen magistrados que nunca litigaron, un requisito imprescindible que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual habla de que un candidato a magistrado debe tener al menos 10 años de experiencia como juez y otros cinco años como magistrado de apelaciones.
Dávila Barbosa insistió en que para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia se deben tomar en cuenta las capacidades profesionales de los candidatos, así como su honestidad y su respetabilidad, antes que sus lealtades a caudillos y partidos políticos.
