¿Realmente dónde está el dinero venezolano? Es la pregunta que se hacen diversos sectores, luego de conocer las cifras dadas a conocer por el presidente Daniel Ortega, la semana pasada.
Según Ortega, hasta la fecha se han ejecutado 520 millones de dólares de recursos procedentes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), pero no dio detalles de cómo se entregaron esos fondos, coincidieron economistas consultados.
Los expertos sostienen que la cooperación proveniente del Alba constituye deuda pública, aunque el Presidente diga lo contrario. Y lo que es más, constituye un riesgo para la estabilidad macroeconómica.
Todo esto se deriva de la nula transparencia con que se ha manejado el acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela, indicó José Luis Medal, economista independiente, quien afirmó que es falso que el Gobierno tendrá que pagar la deuda hasta dentro de 23 años, como afirmó un ex funcionario del Gobierno anterior.
“El convenio establece dos años de gracia, es decir, después de eso tiene que empezar a pagar”, indicó.
Por su parte el economista Néstor Avendaño señaló que “es necesario que el señor Presidente reafirme el origen de los fondos, con documentación oficial”.
La pregunta del millón
“Para nadie hay duda de que el dinero existe, sin embargo la pregunta es ¿dónde está”, afirman los economistas.
Medal rechaza el argumento de la Asamblea Nacional en el sentido de que estos fondos no generan deuda al país.
Según Medal, Ortega ha firmado estos convenios en los que claramente se establece que el acuerdo petrolero sí constituye deuda del Estado, incluido el 25 por ciento que pagará la empresa “mixta” Albanisa, que es una empresa constituida por una empresa 100 por ciento estatal nicaragüense y otra empresa estatal venezolana.
“La aplicación de este acuerdo será exclusiva para los entes públicos avalados por la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Nicaragua”, dice el artículo segundo del Acuerdo Energético del Alba, entre Venezuela y Nicaragua, del 29 de abril del 2007.
Sin embargo, el diputado del PLC y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, insistió en que la cooperación venezolana al presidente Daniel Ortega no puede ocasionar deuda pública al Estado porque no fue aprobada por la Asamblea. Por su parte el también diputado del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, indicó que “por lo turbio y oscuro de esa cooperación, Nicaragua podría quedar muy endeudada con Venezuela una vez que no estén en el poder Hugo Chávez ni Ortega”.
PLC CON COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), conformó una comisión para que dé seguimiento a los “temas macros” como el presupuesto paralelo (de 520 millones de dólares) que Ortega reconoció la semana pasada manejar de forma discrecional, y recomendar si a través de la Asamblea se debe investigar el destino de esos recursos, donde no se descarta, incluso llamar al mandatario. También criticaron la falta de atención al agro.
Aguirre hizo un llamado a Ortega para que envíe a la Asamblea, la terna para escoger a los directivos que integrarán el Banco de Fomento.
El vicepresidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy, también reiteró que la cooperación venezolana no es una deuda pública del Estado nicaragüense, porque no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional y tampoco está registrada por la Contraloría, como lo estipula la Ley de Deuda Pública, Ley 477.
Argüello Poessy aseguró que un futuro Gobierno venezolano, que no tenga la misma línea política del presidente Hugo Chávez, “perderá su tiempo” cobrando esa deuda al Estado de Nicaragua, al ser preguntado sobre qué pasaría si un nuevo Gobierno de Venezuela le cobra esa cooperación a Nicaragua.
Sobre esa misma presunta, el diputado Aguirre respondió que: “No pasaría absolutamente nada, en el sentido de que Nicaragua no pagaría esa deuda y estaría totalmente en su ley no pagarla”.
Aguirre fue más allá y aseguró que PDVSA le está vendiendo petróleo a Petronic y la empresa estatal le está pagando casi al contado, porque debe cancelar la totalidad de la deuda en un término de 90 días, que es el plazo comercial que se le da a cualquier compañía, algo que no está contemplado en el acuerdo petrolero entre los dos países ya que a Petronic, sólo le correspondería pagar el 25 por ciento de la deuda, mientras que el otro 50 por ciento a la República de Nicaragua, en 90 días y el otro 25 por ciento a un plazo de 23 años”.
El diputado Sáenz recordó que la cooperación venezolana se enmarca en un convenio internacional, de Estado a Estado, que fue ratificado por la Asamblea Nacional.
“Como es tan turbio, tan oscuro, uno no puede ser tan categórico en sus afirmaciones”, dijo Sáenz, al explicar que nadie conoce con exactitud los contratos específicos entre la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) y PDVSA de Venezuela.
“Lo primero que tienen que hacer las distintas instituciones, en este caso la Contraloría y la Asamblea, es exigir (al Gobierno de Ortega) la información pertinente, para que todos sepamos exactamente de qué estamos hablando”, dijo Sáenz.
El contralor Argüello Poessy manifestó que la Contraloría ya está realizando una auditoría especial en las arcas de Petronic, en la que se pretende encontrar si se está creando o no una deuda pública, pero descartó de manera tajante que en este momento exista una deuda pública con Venezuela.
Adelantó que este próximo jueves pedirá a los demás contralores que se pronuncien de manera institucional sobre este tema.
Para el diputado Sáenz es posible que, de manera truculenta, el Gobierno de Daniel Ortega haya buscado un camino para evadir que la cooperación venezolana y los acuerdos específicos de la misma pasen por la Asamblea.
Consultado sobre si la Contraloría está actuando complaciente con Ortega, Sáenz respondió: “Una cosa es complaciente y otra cosa es cómplice. Esperemos que en realidad las instituciones en general del Estado jueguen su papel, incluyendo la Asamblea. En la Asamblea, en la Comisión Económica están paralizadas tres iniciativas de ley que están relacionadas con los fondos de la cooperación venezolana, paralizadas desde hace más de seis meses. Así que no sólo la Contraloría sino que la Comisión Económica tiene que jugar su papel en esto”.
YA NOS HICIERON LA JUGADA ANTES
El economista Néstor Avendaño, recordó que a principios de los ochenta, siendo Daniel Ortega coordinador de la Junta de Gobierno, el entonces Presidente de México, José López Portillo, en un acto público, similar a los que realizó con Hugo Chávez el año pasado, ofreció regalar petróleo a Nicaragua. Sin embargo su sucesor, Miguel De la Madrid, le cobró a Nicaragua posteriormente ese petróleo del cual no se había firmado ningún compromiso, indicó el economista.
LAS PLANTAS Y LA INVERSIÓN
Avendaño sostuvo que el Gobierno debe aclarar si el paquete de cooperación de más de 500 millones de dólares del Alba anunciado por el Presidente, incluye las plantas de generación eléctrica tanto las Hugo Chávez, como las de generación a base de búnker, todo lo cual asciende a unos 200 millones de dólares.
“Tiene que aclarar si las plantas son regalo, de ser así que lo demuestre, y si es donación ... todas deben pasar por el Viceministerio de Cooperación Externa”, afirmó Avendaño.
Medal agregó que es necesario insistir en revisar las cifras presentadas por el Gobierno, ya que son contradictorias, pues habla de que han ejecutado más de 500 millones de dólares, sin embargo, sostiene que no ha sido capaz de ejecutar el programa de inversiones públicas que asciende a un poco menos de 400 millones de dólares.
