La Ley de Acceso a la Información Pública, y su Reglamento, son insuficientes para garantizar el ejercicio de este derecho, porque falta la voluntad política de los funcionarios de las entidades públicas, mixtas, subvencionadas o privadas que manejan recursos públicos y otros beneficios, dijo la doctora María Adilia Serrano, experta nacional en la materia.
Serrano participa desde ayer en la Cátedra Internacional de Derecho a la Información, que concluye hoy en la Universidad Centroamericana (UCA).
En la cátedra también participan la especialista mexicana Perla Gómez y el chileno Moisés Sánchez.
La Ley 621, aprobada en diciembre del año pasado”, tiene por objeto “normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado”.
Además, la información de “las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas”, excepto la información privada en poder del Estado.
Pero Serrano advierte que “la ley plantea grandes retos sobre la información que debe estar disponible”, pues hasta el momento la información de oficio, como los salarios de los funcionarios públicos, por ejemplo, ni siquiera se encuentra en los sitios electrónicos de las instituciones.
“La ley requiere de un cambio de mentalidad, no es sólo tener una ley y un reglamento, incluso no es sólo tener los medios económicos (para instalar o acondicionar oficinas), sino tener la voluntad política”, señaló la experta, para quien es necesario capacitar a funcionarios y solicitantes sobre el funcionamiento y los beneficios de la ley.
Experiencias internacionales
El especialista chileno Moisés Sánchez indicó que no sólo basta con publicar información, sino que debe ser de calidad.
Además, mencionó que se debe trabajar para que los ciudadanos sepan de su derecho a recibir información.
Sánchez dijo que en el caso de Chile se ha avanzado en ese sentido, como parte de “la modernización del Estado”.
La especialista mexicana, Perla Gómez explicó que el acceso a la información pública garantiza la participación efectiva de la población y esto implica “el desarrollo mismo de una gestión transparente de la función pública”.
Sin embargo, advirtió que es necesario que la población sepa que “el que paga manda” para poder exigir información y que los funcionarios son “representantes que se deben a los ciudadanos”.
Gómez indicó que en México se avanza en informar a los ciudadanos, que cuentan con una Ley de Acceso que los respalda.
