Según se ha informado, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe reunirse hoy para aprobar la Orden del Día de la sesión plenaria que se llevaría a cabo la próxima semana. De esa manera se pondría fin a la parálisis que sufre el Poder Legislativo desde antes de las fraudulentas elecciones municipales del 9 de noviembre, teniendo pendiente la aprobación de leyes tan importantes como, por ejemplo, la del Presupuesto General de la nación.
Pero, según la oposición, el punto primordial en el plenario de la Asamblea Nacional apenas reanude sus sesiones ordinarias, antes de que concluya la Legislatura de este año el 15 de diciembre corriente, tiene que ser una iniciativa de ley para anular las elecciones municipales fraudulentas. Este proyecto de ley es respaldado por las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Movimiento Vamos con Eduardo (MVE) y alianza MRS, y como hemos dicho anteriormente, de aprobarse podría ser el mecanismo institucional y democrático apropiado para resolver la crisis de gobernabilidad creada por el gobierno de Daniel Ortega y su Consejo Supremo Electoral, con el escandaloso, vergonzoso e inaceptable fraude electoral del 9 noviembre pasado. Por supuesto que tal mecanismo legal funcionaría sólo en el caso de que Ortega y sus magistrados electorales estuvieran dispuestos o fuesen obligados a resolver la crisis de manera legal y democrática, en vez de imponer el fraude por sus pistolas, sus morteros, sus machetes, sus garrotes, sus matones encapuchados, sus jueces y sus amenazas de toda clase, como han querido hacerlo hasta ahora.
Representantes de la alianza democrática que fue despojada del triunfo electoral, así como líderes de la sociedad civil, de la Iglesia católica y denominaciones evangélicas independientes, dirigentes de organizaciones empresariales y gremiales y muchos ciudadanos nicaragüenses, han señalado que para resolver la crisis política postelectoral y restablecer la confianza internacional en el Gobierno de Nicaragua —y con ésta el libre flujo de la cooperación externa—, habría que revisar todos los votos manoseados, de manera transparente y bajo una observación independiente nacional e internacional. Sin embargo sería un contrasentido recontar esos votos después de tanto tiempo que han permanecido en poder de los inescrupulosos magistrados del Consejo Supremo Electoral.
En realidad, lo que se debe hacer es anular esas elecciones fraudulentas y convocar a nuevos comicios, con suficientes garantías legales y políticas de que el voto y la soberanía popular serán respetados. Si la Asamblea Nacional puede o no tiene facultad para anular mediante ley las elecciones fraudulentas y si dicha ley sería constitucional o inconstitucional, eso no le corresponde decidirlo a cualquier diputado oficialista, a título individual, ni a ningún agente político orteguista investido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es la misma Asamblea Nacional, por medio de la comisión que deba dictaminar el mencionado proyecto de ley, la que tiene que decidir si ésta sería o no inconstitucional. Además, el Poder Ejecutivo puede vetar cualquier ley ordinaria, del mismo modo que la Asamblea Nacional también tiene capacidad para rechazar el veto presidencial. Y en todo caso, le correspondería a la Corte Suprema de Justicia resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha ley, en el caso de que fuera aprobada y alguien interpusiera el correspondiente recurso legal.
Ahora bien, en estas circunstancias, como una inevitable manifestación de la viciosa cultura política pactista de Nicaragua, siempre surgen y de hecho ya han surgido voces en el sector de la oposición proponiendo que en aras de la gobernabilidad, para salir de la crisis política y evitar que se corte o suspenda la cooperación económica externa con Nicaragua, hay que entenderse con el Gobierno de cualquier manera. Al respecto debemos señalar que está bien preocuparse por la gobernabilidad del país. Pero eso no significa que se deba aceptar el robo del voto popular y mucho menos someterse al plan orteguista de restablecer la dictadura, a través de una reforma constitucional o por cualquier otro medio.
La gobernabilidad sólo puede ser legítima si surge de una convivencia pacífica basada en la democracia y en la libertad, en la transparencia electoral y el respeto al voto y la soberanía popular, del Estado de Derecho y de una administración de justicia independiente y honesta. Lo contrario sólo puede ser considerado como una despreciable claudicación y corrupción.
