Gabriel Rivera Rocha

Por Gabriel Rivera Rocha
Abogado, Consultor en Derechos Humanos
nicaraguainclusiva@yahoo.com

Las raíces de la humanidad se extienden por miles de años y kilómetros. Esta vez los caminos no vienen desde Roma, sino desde África. Las huellas ocultas en nuestro ADN demuestran que hace miles de años emprendimos desde “el continente negro” un largo recorrido en cuyo trayecto poblamos toda la geografía terrestre, llenándola de una amplísima diversidad de colores, lenguas, sabores, culturas, religiones.

En sentido amplio, todos somos afrodescencientes. Sin embargo, en América Latina y el Caribe el término es usado en sentido estricto para designar a los actuales descendientes de aproximadamente 10 millones de hombres y mujeres que durante los siglos XV- XIX fueron arrancados de su tierra, traídos por la fuerza y finalmente vendidos como esclavos en todo el ámbito americano.

El comercio trasatlántico de esclavos de las grandes potencias coloniales (Inglaterra, Francia, España, Holanda, Portugal) constituyó la migración forzada más grande de la historia. Depósitos de esclavos y puestos ahora silentes, en África, el Caribe, Suramérica, la costa este de Estados Unidos y las grandes metrópolis coloniales, guardan el profundo dolor de familias separadas. Padres vendidos en los campos algodoneros de Estados Unidos, hijos rematados en Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú o la costa de Centroamérica para cultivar o escarbar las entrañas de la tierra en busca de oro. Madres y hermanas condenadas a la explotación sexual y la necesaria multiplicación de la mano de obra esclava.

Cuando la esclavitud ya había enriquecido hasta límites impensables a sus beneficiarios, y los derechos y libertades Europeas fueron extendidos a todos los seres humanos, se decretó su abolición. No se pidió perdón ni se ofrecieron reparaciones por los siglos de infamia, simplemente se dictaron resoluciones que pocas veces fueron cumplidas.

En la actualidad, se estima que 150 millones de latinoamericanos y caribeños (20- 30% de la población total) son descendientes africanos esclavizados en tierras americanas. Aunque las constituciones nacionales prohíben la esclavitud desde inicios del siglo XIX, y numerosas leyes insisten en prohibir toda forma de discriminación racial, la realidad de la población negra está marcada por un sistema de exclusión social que los condena a la pobreza y la miseria. Ahora son libres porque no se les persigue para venderlos, pero aún arrastran cadenas de hambre, falta de oportunidades, rechazo y olvido institucional.

Al menos en el plano jurídico ahora se reconoce la existencia y titularidad plena de derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes. Nicaragua fue uno de los primeros Estados latinoamericanos en reconocer constitucionalmente diversidad étnica, lingüística y cultural y la igualdad en derechos de las comunidades indígenas y étnicas -entre ellas, las afrodescendientes- (1987) y en aprobar un cuerpo normativo que reconoce su derecho a definir su forma de gobierno (Estatuto de Autonomía), usar y promover su lengua (Ley de uso oficial de las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica), recibir educación en su lenguas (Ley General de Educación), rescatar el saber milenario de la medicina tradicional (Ley General de Salud), participar en la vida política de la nación (Ley Electoral), usar y administrar sus recursos naturales (Ley General del Medio Ambiente), el derecho a la propiedad comunal (Ley de Régimen de Propiedad Comunal).

Sin embargo, la prosa de la realidad desdice la poesía jurídica. En la cotidianeidad las y los afrodescendientes enfrentan de forma sistemática situaciones de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos. Aunque no lo admitamos en voz alta ni en los informes oficiales ante los organismos internacionales de derechos humanos, nuestras sociedades, unas más, otras menos, son racistas. Después de dos siglos de independencia no hemos reconocido plenamente el legado africano ni su aporte a la construcción de nuestras identidades. La discriminación racial es una realidad cotidiana que se expresa en la carga despectiva contenida en incontables refranes populares, chistes y estereotipos que endilgan a la población negra el mote de holgazanes, tomadores, violentos, y desde tiempos recientes, narcotraficantes.

Además de la discriminación social las poblaciones afrodescendientes sufren el olvido institucional que se expresa en su invisibilización en los censos poblacionales, la inacción estatal frente a la discriminación. En Nicaragua, por ejemplo, el Código Penal, vigente desde 2008, tipifica el delito de discriminación (Arto. 427), sin embargo, hasta la fecha no se ha procesado a ninguna persona por este delito pese a la frecuencia con que sucede.

Las regiones del Caribe donde tiene arraigo gran parte de la población negra, es la más olvidada. En estas regiones es donde hay menos infraestructura social (escuelas, hospitales, carreteras), lo que explica los altos índices de mortalidad materna, infantil, analfabetismo. Asimismo, han sufrido la imposición de un modelo de desarrollo etnocéntrico que ha explotado hasta la extenuación sus bosques, recursos marinos, etc., que nombra y exporta desde el Pacífico las autoridades nacionales del sector educación, salud, justicia, las que, desconociendo su realidad e inclusive sus lenguas, vulneran día a día los derechos silentes en el papel.

La sociedad nicaragüense aún enfrenta el reto de reconocer el legado africano, celebrar su diversidad lingüística, cultural y religiosa y superar las barreras de discriminación, olvido, postrgación y racismo hacia nuestros hermanos y hermanas. Debemos construir una Nicaragua inclusiva para todos y todas.