El presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, decidió revocar este domingo, tras cinco días de protestas y más de 30 muertos a consecuencia de la represión oficial, las reformas a la seguridad social que detonaron las manifestaciones, pero advirtió que mandaría a los tribunales a quienes considera responsables del caos que, según él, atenta contra la estabilidad de Nicaragua.
En un discurso de poco más de treinta minutos, Ortega compareció en televisión, después de participar con representantes de la Corporación de Zonas Francas (CZF) del país y con la visible ausencia del presidente del Cosep, José Adán Aguerri, una institución que le había pedido un día antes el cese de la represión en un comunicado oficial tanto de la fuerza pública como los grupos de simpatizantes gubernamentales.
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En la resolución del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la número 1317, Ortega anunció que se revocaban las medidas polémicas, entre ellas un aumento de la cuota de los trabajadores y empresarios al sistema de seguridad social, y la deducción del cinco por ciento mensual en las pensiones de los beneficiados en el régimen de Invalidez, vejez e incapacidad, lo que había provocado indignación nacional.
Ataca a críticos
Aún ordenando la revocación, Ortega lucía incómodo al tener que rectificarse y no dejaba de atacar a sus críticos. “En otros países salen a protestar, pero no salen a destruir, no salen armados a matar. Salen a marchar, pasan el tiempo que consideran, piden permiso y luego se recobra la normalidad. No hemos visto que saquean supermercados, que destruyan instituciones del Estado, bienes de particulares, desgraciadamente aquí tenemos que retablecer el orden”, advirtió.
La mañana del domingo, en su quinto día de protestas, el país asistió al saqueo de supermercados y empresas, así como la destrucción de negocios particulares, lo que analistas políticos valoraron como un plan del ejecutivo con el que se pretendía justificar la represión que vendría después. Estos analistas se preguntaban por qué la Policía no había actuado contra las personas que estaban cometiendo saqueos.
Ortega endureció su posición con estos y dijo que no pueden permitir que se imponga el caos, el crimen y el saqueo y prometió que actuarían conforme a la Constitución para asegurar el restablecimiento de la paz social. Incluso dijo que la Policía, al momento de su intervención, les estaba capturando.
Silencio sobre JS
En lo que sí calló fue en el caso de la violencia desatada contra los manifestantes que provenía de la Juventud Sandinista (JS) y los llamados motorizados —de la estructura partidaria del FSLN—, los que acosaron, agredieron o robaron a ancianos, jóvenes universitarios, y periodistas en los últimos días.
El mandatario designadoo aceptó un diálogo con el Cosep, en el que abordarían el tema de la seguridad social y la reforma fiscal. No incluyó a otros sectores sociales, ni a los estudiantes que protestan en las calles contra su gobierno. Sólo agregó al Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, y a una delegación de obispos para que participen en las pláticas.
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La Iglesia Católica actuará como garante del mismo diálogo. “El diálogo es fundamental para resolver cualquier conflicto. (Estoy) lamentando hechos de violencia, manifestando solidaridad con todas las familias de personas que han fallecido, llamando al pueblo nicaragüense a unir esfuerzos para que cesen estos actos de violencia”, dijo Ortega.
Sin condiciones
Al Cosep le advirtió que un diálogo no se puede condicionar y debe ser abierto, lo que fue una respuesta al comunicado del gremio empresarial que un día antes le expresó su respaldo a los jóvenes y población en general, que se han manifestado en defensa de sus principios y derechos, y que han sido reprimidos tanto por el Estado como las fuerzas de choque del ejecutivo.
“Estamos abiertos a escuchar. No se me ocurre precondicionar el diálogo. No vamos a ningún lado. Tenemos toda la disposciión, que se instale el diálogo, el pueblo está pidiendo que este diálogo se empiece”, expresó.