Luis Sánchez [email protected]
Los magistrados están de moda. La Asamblea Nacional va a nombrar pronto a cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia, para reponer a otros tantos que se les vence el período de cinco años, y como el presidente Bolaños planteó que hay que aprovechar esta oportunidad para comenzar a emancipar a la Corte de la dominación partidista, se discute la posibilidad o imposibilidad de escoger a juristas independientes y honestos.
Unos dicen que es imposible encontrar personas sin afiliaciones partidistas, que la participación política es un derecho humano y que por lo tanto, no se puede poner el apartidismo como condición para ser magistrado. Y otros aseguran que sí hay profesionales honestos independientes de los partidos, sin perjuicio de que tengan convicciones ideológicas.
En realidad, quienes administran justicia no pueden ser cualesquiera personas. Los magistrados, por ejemplo, determinan en última instancia quién es culpable o inocente y a quién suprimirle lo más valioso de su condición humana, que es la libertad. La justicia es demasiado importante como para ponerla en manos de cualquier persona.
En Nicaragua, el nombre de magistrado se da a los miembros de la Corte Suprema de Justicia desde 1826, cuando se dictó la Constitución del Estado de Nicaragua, que entonces formaba parte de la República Federal de Centroamérica. Antes, en la Constitución Federal, dictada en 1824, se les llamó “individuos”, quizás porque consideraban que esa denominación era más digna que la de magistrados, como se llamaban en la constitución española. Y al romperse la Federación Centroamericana, en la Constitución del Estado Libre de Nicaragua, del 12 de noviembre de 1838, se suprimió el título de magistrado y se restableció el de “individuos”.
Finalmente, en la Constitución de 1858 se adoptó definitivamente el título de magistrado y así se reiteró en las siete constituciones dictadas desde entonces. (Por cierto que en la Constitución de 1987, la “sandinista”, se extendió el título de magistrado a los miembros del Consejo Supremo Electoral, para honrar con esa distinción a algunos cuadros importantes del FSLN que no alcanzaban en la Corte).
En realidad, por la propia naturaleza de su función, magistrado es quien ejerce una competencia judicial superior. Los magistrados surgieron en la antigua Roma, cuando se puso fin a la monarquía, cinco siglos antes de Cristo, y eran las personas que impartían justicia. Al comienzo, durante el período de gobierno de los cónsules, se le decía magistrado (de magíster, maestro, porque eran personas sabias, íntegras y venerables) a todas las personas que desempeñaban cargos públicos. Pero como por sus funciones no todos eran de igual importancia, se les comenzó a diferenciar entre magistrados mayores (los que ejercían imperium, o sea poder, como el cónsul, el pretor, el dictador, el censor y el magíster equitum —jefe de la caballería—); y los magistrados menores, que eran los funcionarios que no tenían poder: tribuno, edil y cuestor.
Magistrados mayores, equivalentes a los miembros de una Corte Suprema de Justicia de ahora, sólo podían serlo personas muy dignas y honestas, pues además de tener poder eran las únicas que podían consultar directamente a los augures y estaban autorizadas a ocupar la silla curul, el regio asiento de marfil que representaba la máxima dignidad pública.
¿Serán así nuestros magistrados?