El presidente Daniel Ortega y los representantes de su Gobierno alegan ante la comunidad internacional cooperante, que la ayuda económica externa a Nicaragua tiene que ser sin condiciones de ninguna clase, mucho menos política, porque ésta es un asunto de soberanía nacional y competencia exclusiva de los nicaragüenses. Pero, ¿de cuáles nicaragüenses? ¿De los gobernados o de los que gobiernan? Y, ¿ la soberanía le da a los gobernantes el derecho de hacer todo lo que quieran?
Cuando se creó y se comenzó a poner en práctica y a desarrollar, el principio de soberanía era algo muy importante y progresista, necesario para el ejercicio de la libertad de los ciudadanos y la protección de la independencia de los Estados. La soberanía, según lo estableció en su obra monumental Los seis libros de la República el filósofo, jurista, economista y político francés del siglo XVI, Jean Bodin, “es el poder absoluto y perpetuo de una República (…), soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquél que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural”.
Después el filósofo liberal suizo del siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau, proclamó el principio de soberanía popular, según el cual el poder reside en el pueblo, que sólo delega su representación y ejercicio en los representantes y gobernantes temporales. Y casi al mismo tiempo, el sacerdote, ensayista, filósofo y político francés Emmanuel-Joseph Sieyés, estableció que la soberanía pertenece a la nación y no se ejerce en función de personas, aunque sean mayoritarias —pues sus sentimientos son coyunturales—, sino en concordancia con los intereses generales del país, que son permanentes.
Ambos principios, de soberanía popular y soberanía nacional, fueron indispensables para crear y desarrollar el mecanismo de participación de los ciudadanos en la formación de los gobiernos y el control de los gobernantes, así como el sistema jurídico y político de protección de cada país ante los peligros y amenazas externos. Sin embargo, con el tiempo y sobre todo en la época actual, en no pocos países atrasados y pobres la soberanía se ha utilizado como pretexto de sátrapas, es decir, gobernantes autoritarios y corruptos, para justificar sus tropelías, para atropellar a sus pueblos, para robar los recursos de la nación, para suprimir o restringir los derechos de los ciudadanos sin que nadie pueda intervenir y ni siquiera opinar, porque el que lo hace supuestamente viola la soberanía nacional.
André Glucksmann, filósofo francés contemporáneo que un buen día renegó del comunismo y se convirtió en ideólogo de la libertad, escribió en su libro Occidente contra Occidente que: “De la versión estatista del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, se deduce el derecho de las autoridades locales a disponer de sus pueblos”. Y agrega que: “El derecho de los pueblos a la independencia se ha convertido con demasiada frecuencia en el derecho de los asesinos a matar con toda libertad”. Como por ejemplo en Cuba, precisamos nosotros.
En Nicaragua, bajo el nuevo gobierno de Daniel Ortega la soberanía ha dejado de ser el derecho del pueblo a disponer de su propio destino, a elegir libremente a su gobierno y a controlar a sus gobernantes. Aquí ya no se respeta la voluntad política de los ciudadanos. La soberanía nacional y popular ha devenido, o mejor dicho ha degenerado, en el “derecho” del gobernante a robar los votos de los ciudadanos mediante el fraude electoral; a disponer de los bienes públicos e incluso de la cooperación externa para su beneficio personal, familiar y partidista; a atropellar la Constitución y la ley a fin de imponer su voluntad autoritaria; a tratar de quedarse en el poder para siempre por medio de pactos amorales y compra de votos parlamentarios.
Pero los representantes de la comunidad democrática internacional no pueden cerrar los ojos ante la realidad de Nicaragua. Y no es justo que crean que los nicaragüenses, por ser pobres son seres inferiores que no pueden tener los mismos derechos y libertades que los estadounidenses y los canadienses, que los europeos y los japoneses. Las cláusulas democráticas de la Unión Europea y de las Américas se han establecido precisamente para reconocer y garantizar el ejercicio y el respeto de los derechos humanos universales, cuya violación no se le debe permitir a nadie ni siquiera por el pretexto de la autodeterminación y la soberanía nacional.