El caso de las juntas liquidadoras
Las graves consecuencias económicas de las quiebras bancarias ocurridas durante el Gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán, son de primordial interés nacional, y de cada nicaragüense, puesto que los más o menos quinientos millones de dólares que se “perdieron” los están pagando los ciudadanos con sus impuestos.
En realidad, las quiebras bancarias dejaron de ser un asunto de interés particular de los accionistas y clientes de los bancos quebrados, a partir de que los gobernantes decidieron —para proteger la estabilidad financiera del país— que el Estado asumiera los costos de los fraudes mediante la emisión de los Ceni, que ahora constituyen una considerable parte de la deuda pública nacional. O sea que los gobernantes obligaron a todos los nicaragüenses que pagan impuestos directos e indirectos a responder por lo que unos cuantos se robaron, de manera que las estafas bancarias se convirtieron en un problema que afecta directamente a todos y cada uno de los ciudadanos. Y en consecuencia el proceso de liquidación de los bancos defraudados y el dinero que las juntas liquidadoras han podido recuperar es un asunto de interés público.
Precisamente por eso causa extrañeza y mueve a suspicacia que las juntas liquidadoras no quieran someterse a la fiscalización institucional de la Contraloría General de la República. Y más raro aún resulta que la Superintendencia General de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIB), que por su naturaleza jurídica y sus funciones debería ser la más interesada en la transparencia del proceso de liquidación de los bancos defraudados, se oponga a que la Contraloría ejerza sus funciones en este caso y campo.
Según la Superintendencia de Bancos, la Contraloría no puede auditar a las juntas liquidadoras porque éstas son entidades autónomas y no organismos estatales. Pero la Constitución Política de la República establece claramente que: “La Contraloría es el Organismo Rector del sistema de control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado” (artículo 154 Cn.). Y agrega la Constitución, en su artículo 155, que: “Corresponde a la Contraloría General de la República: 1) Establecer el sistema de control que de manera preventiva asegure el uso debido de los fondos gubernamentales… 3) El control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos, los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público”.
Sólo si los gobernantes no hubieran usado dinero del Estado, es decir, de los ciudadanos, para pagar a los perjudicados directamente por los fraudes bancarios, es que el caso habría quedado como un problema particular de los accionistas y clientes de los bancos quebrados. Pero como el Estado asumió las pérdidas causadas por las quiebras de los bancos privados, y todos los nicaragüenses fueron obligados a pagar por ellas, el asunto adquirió un inobjetable interés público. De modo que las juntas liquidadoras operan con capital igualmente público, y por lo consiguiente la Contraloría tiene obligación de auditarlas y los ciudadanos derecho de conocer cómo operan y gastan el dinero que han podido recuperar, que según algunas informaciones suman 46 millones de dólares, de los cuales se han gastado 20 millones de dólares.
Debe ser muy difícil recuperar dinero por deudas con bancos que fueron quebrados inclusive de manera deliberada. Y por lo tanto, también debe ser muy complejo, calificado y altamente remunerado el trabajo para lograr esa recuperación. Pero si el trabajo y uso de los fondos recuperados se ha hecho de manera correcta, como dicen los liquidadores, ¿por qué negarse entonces a ser auditados por la Contraloría, que además está obligada a hacerlo por la naturaleza de sus funciones y mandato constitucional?
“El que no la debe no la teme”, reza el conocido refrán. Además, si bien es cierto que la actuación de la Contraloría en términos generales provoca recelo porque su composición fue determinada por el pacto entre el PLC y el FSLN, no por el interés nacional ni con sentido profesional, la verdad es que cualquier manipulación política que se quisiera hacer con los resultados de un auditoriaje institucional se pondría fácilmente en evidencia y sería descalificado ante la opinión pública. Esto se puede asegurar porque hay libertad de prensa y porque la independencia e integridad de los medios de comunicación han podido salvarse de los devastadores efectos del pacto libero-sandinista.
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