La maldición de los recursos
El multimillonario estadounidense de origen húngaro, George Soros , cuya fortuna personal se estima en 7 mil millones de dólares y ahora se dedica a promover el desarrollo en los países atrasados, planteó recientemente la tesis de que tener abundantes recursos naturales es como una maldición para los países pobres.
Según George Soros, “los países ricos en recursos naturales suelen ser pobres porque anteponen la explotación de aquellos al buen gobierno” y generalmente son gobernados por políticos irresponsables y corruptos. De acuerdo con esta tesis del “profeta del postcapitalismo” —como le llaman a Soros—, el hecho de que las empresas y personas involucradas en la explotación de los recursos naturales “estén dispuestas a tratar con quienquiera que pueda asegurarles una concesión”, induce al establecimiento de gobiernos corruptos y represivos; lo que a su vez genera ingobernabilidad y conflictos locales e internacionales, que han devastado a países ricos en recursos naturales e impedido o retrasado el desarrollo democrático.
Tiene razón Soros y para comprobarlo no hay necesidad de ir a ver los peores casos africanos (Angola, Congo, Zimbabwe, etc.). Basta mirar la propia situación de Nicaragua, país bendecido por la Naturaleza con ricos recursos pero que está sumido en la pobreza por culpa de los políticos de derecha y de izquierda que han gobernado el país de manera irresponsable y corrupta.
Por ejemplo, la grave crisis energética que sufre Nicaragua en la actualidad y cuya causa principal es el brutal encarecimiento del petróleo, se debe también a la irresponsabilidad histórica de sus gobernantes, que no han sabido aprovechar el potencial energético alternativo que tiene el país o que han subordinado la posibilidad de su aprovechamiento a buscar las coimas de la corrupción.
Pero también han devastado o permitido la devastación de los bosques, los cuales disminuyen a razón de 60 mil hectáreas por año debido a lo que llaman expansión de la frontera agrícola, que sin embargo tampoco significa el desarrollo de la agricultura la cual es cada vez más improductiva e ineficiente.
Tal como lo publicamos en nuestras ediciones de ayer y hoy, la depredación de los bosques nicaragüenses es incontenible y despiadada, de ella no se salvan ni siquiera las reservas naturales como Indio Maíz y Bosawas, mientras las autoridades gubernamentales se muestran impotentes, o complacientes, o cómplices. Estamos claros de que la protección de los bosques, no significa que no se deba aprovechar el recurso forestal con fines lucrativos para sus propietarios particulares y para el país en términos generales. De lo que se trata es de que la explotación de los bosques se debe manejar de manera responsable y óptima, racional y planificada. O sea que la tala de árboles para obtener la madera debe ir acompañada de un apropiado plan de reforestación.
En realidad, los bosques no tienen que servir únicamente para apreciar y disfrutar su belleza, ni sólo para la captura natural de carbono, la retención y distribución del agua, la limpieza de ruidos y el mantenimiento de biodiversidad. Los bosques deben ser útiles también para la producción de madera, que es una fuente importante de riqueza y mediante una explotación sostenible podría ser una palanca del desarrollo nacional. Sin embargo, para lograr eso no sólo hay que racionalizar la explotación de los bosques con fines de exportación de madera en bruto, sino que también hay que procurar agregarle valor mediante la fabricación y exportación de muebles de primera calidad. Para citar un ejemplo, eso precisamente es lo que ha hecho Belice, el pequeño país anglocultural de América Central que antes era un fuerte exportador de madera en bruto pero ahora sólo la vende en forma de muebles. Y además, por ley en Belice quien corta un árbol tiene que sembrar tres.
En fin, la “maldición de los recursos” que según Georse Soros pesa sobre países como Nicaragua, se podría remediar con relativa facilidad siempre y cuando hubiese voluntad política para: aplicar la ley y poner orden, racionalizar la explotación de los recursos naturales, transparentar el ejercicio gubernamental en todos sus eslabones, y obligar a los funcionarios a rendir cuentas de las concesiones y reparticiones de recursos.
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