Alfredo J. Dávila Méndez

No se deben incrementar las tarifas de transporte, porque no hay condiciones económicas, sociales, materiales, ni siquiera existen condiciones en las unidades de transporte. El alza al costo del transporte colectivo afecta el bolsillo de la población más pobre, que no cuenta con un salario acorde con la canasta básica.

Por todo esto es condenable que transportistas hayan aumentado el precio al transporte urbano y colectivo afectando la ya empobrecida economía familiar de los nicaragüenses. Más condenable aún son todos los actos de violencia que se han presentado y que van en contra de la seguridad ciudadana y el daño material a la propiedad privada y social.

Considero que una protesta apegada a acciones de violación a los derechos de las demás personas no es la adecuada porque agudiza la crisis económica y social en que se encuentra la mayoría de las familias nicaragüenses. El derecho a la movilización es un derecho humano y la seguridad ciudadana lo es también.

Como nicaragüense afectado por estas alzas en la tarifa de transporte insto a los sectores demandantes a utilizar medios de lucha adecuados a fin de que las manifestaciones de protesta cívica no incurran en violaciones a los derechos humanos como la libertad de movilización, irrespeto a los derechos humanos y en la no garantía del derecho a la seguridad ciudadana de todas y todos los nicaragüenses.

Ante esto la PDDH y otros organismos defensores de derechos humanos han hecho suyas las demandas de las y los nicaragüenses referidas a la garantía de servicio de calidad acorde a los derechos humanos de los usuarios y usuarias de los servicios de transporte.

Expreso esto debido a que es por todos conocido que las condiciones inhumanas y el mal servicio del transporte son un problema de nivel nacional y que su impacto debe analizarse acorde con la realidad que se vive.

El problema de la violación a los derechos de los usuarios y usuarias por parte de conductores y colectores de transporte colectivo ha ido más allá, puesto que ya ha ocasionado grandes pérdidas humanas en las que los más afectados han sido la niñez, adolescencia y mujeres.

Esta situación tiene que ser revisada como un problema de fondo ya que en el país a diario se violenta el derecho más sagrado de los seres humanos “el derechos a la vida humana”.

¿Es posible que los transportistas no se den cuenta del gran valor que tiene la vida humana? ¿Es posible que no tengan conciencia de la situación de miseria y pobreza que pasan miles de nicaragüenses? Es inconcebible que no tengan conciencia de esta situación.

Por tal razón considero que el transportista que maneja con irresponsabilidad y realiza cobros ilegales comete actos de violación no sólo a la Ley de transporte, sino también a otras leyes de la República que tienen que ver con la garantía de la vida humana.

Hay que recordarle a la población que existen leyes en Nicaragua y deben cumplirse por el bien de todos los y las habitantes de la nación.

El autor es comunicador social y relacionista público de la PDDH.

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