Suspenden elecciones presidenciales en Venezuela

La suspensión, la primera de su tipo en la historia electoral de Venezuela, fue decretada por el Tribunal Supremo de Justicia al persistir, según dijo, los “graves problemas técnicos” que presentaban los equipos de recuento de la votación.

El máximo tribunal decidió dejar en manos de la Comisión Legislativa –que cumple provisionalmente las funciones del Congreso– la fijación de la nueva fecha de los comicios. En tanto no se produzca la nueva convocatoria, la campaña proselitista ha quedado suspendida.

Alfredo Ramos, secretario del partido Causa R que apoya al principal opositor del Presidente Hugo Chávez, el ex también golpista Francisco Arias, responsabilizó al gobierno de las fallas en los equipos, y sostuvo que la postergación de las elecciones responde a una estrategia del mandatario porque “no estaba seguro de su triunfo electoral”.

El Presidente Chávez, que era el candidato favorito en las preferencias de voto, pidió a todos los sectores no entrar “en especulaciones”.

“Celebremos que el Tribunal Supremo, en una muestra de independencia haya decidido, pensando únicamente en el interés nacional, postergar las elecciones para garantizar que el proceso ofrezca seguridad y confianza a todos los venezolanos”, dijo el mandatario.

Cuando se hizo la convocatoria hace más de dos meses, Chávez tenía más del 70 por ciento del respaldo popular y no había candidato opositor visible. Las candidaturas de la oposición empezaron a surgir a comienzos de marzo, cuando Arias anunció su postulación. Chávez tenía 54 por ciento de las intenciones de votos frente a 37 de Arias, que continuaba subiendo.

El proceso electoral había sido también fuertemente cuestionado en semanas recientes por obispos, militares retirados y dirigentes opositores, así como las embajadas de Estados Unidos y España, que han criticado la poca transparencia en los procedimientos.

El Tribunal Supremo, cuyos miembros –como los del CNE han sido nombrados durante la actual administración de Chávez– decidió la suspensión apoyándose en un informe técnico presentado por el CNE (Consejo Nacional Electoral). Este sostiene que las elecciones eran inviables en las actuales circunstancias por las graves fallas que presentan los sistemas y las tarjetas de lectura de votos conocidas como “flash card”.

Chávez declaró antes de conocerse la decisión que la respaldaría afirmando que sería adoptada “considerando el bien del país, velando por la seguridad del proceso”.

Además de los problemas técnicos, la convocatoria a los comicios estuvo también llena de críticas de opositores políticos y grupos civiles.

El 22 de mayo, dos organizaciones no gubernamentales, Queremos Elegir y el Comité de Familiares de las Víctimas del 27 de febrero (COFAVIC), pidieron un amparo y el aplazamiento de las elecciones por considerar que el CNE no estaba en capacidad de acometer las tareas pendientes.

El directivo de Queremos Elegir, Elías Santana, dijo en la sesión del Tribunal Supremo, ante el cual había sido presentado el recurso, que la “inmediatez y la urgencia”, con las que el CNE ha llevado el proceso electoral, violaban los derechos constitucionales sobre participación, el sufragio, la información y unas elecciones confiables y eficientes.

Responsabilizan a empresa norteamericana

Las elecciones fueron convocadas por el CNE a mediados de febrero, cuando el país se estaba recuperando de la tragedia que habían dejado las inundaciones a mediados de diciembre. En la práctica, ello significaba disponer de dos meses y medio para elegir a 6,236 autoridades en toda la nación, incluyendo al presidente.

A ello se sumaba también el hecho de la postulación de 36,000 candidatos para esos cargos.

En las últimas semanas, el CNE y otras autoridades han estado trabajando en la superación de las fallas técnicas. Pero, los peritos han encontrado dificultades en los aspectos técnico y de disponibilidad de tiempo.

Finalmente, el presidente del Tribunal Supremo Iván Rincón llegó ayer a la conclusión de que “no existen condiciones técnicas que garanticen en términos absolutos la confiabilidad y transparencia del acto electoral”.

Dijo que realizar la votación en esas circunstancias sería “una amenaza inminente de violación de los derechos al sufragio e información contemplados en la constitución”.

El consultor jurídico del CNE responsabilizó a la empresa estadounidense Election Systems & Software (ES&S) –encargada de elaborar las tarjetas de lectura de votos- de las fallas técnicas que presentaron los equipos de votación.

El representante de ES&S en Venezuela, Vicente Pérez Cayena, rechazó los señalamientos, y dijo en una entrevista al canal de televisión Globovisión que el organismo electoral no entregó a tiempo los datos necesarios para elaborar las tarjetas.

El Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Fiscalía General y Procuraduría General iniciar una investigación para determinar las responsabilidades civiles y penales.

El vicepresidente de ES&S, John Groh, dijo a la AP que “esta es una de las peores situaciones que nuestros empleados han sido sometidos”.

Groh informó que el pasado martes unos agentes de la policía de gobierno confiscaron computadores, “flash cards” y todo lo que estaba en un cuarto del CNE y nunca les fue devuelto a los empleados.